La política castellano y leonesa vuelve a colocarse en el centro de atención tras la confirmación de que las elecciones autonómicas se celebrarán el próximo 15 de marzo de 2026, como fecha máxima. Sin embargo, lo que debería haber sido un anuncio solemne, revestido de la seriedad institucional que merece, se produjo de manera poco habitual: fue el secretario general del Partido Popular de Castilla y León quien lo comunicó en primer lugar, y posteriormente la propia formación tuvo que emitir una nota aclaratoria para despejar dudas. La imagen transmitida distó de la ortodoxia que se espera en una convocatoria electoral y deja una primera reflexión: la forma de comunicar también es fondo, y puede condicionar la percepción ciudadana de un proceso democrático.

Al margen de la anécdota —no menor—, lo cierto es que la cita de marzo abre un panorama electoral cargado de interrogantes. Las encuestas conocidas hasta la fecha otorgan una clara ventaja al bloque de centroderecha, con un PP que sigue siendo la fuerza hegemónica en la Comunidad y un Vox que, aunque con menor implantación territorial, se consolida como socio potencial en caso de necesitar acuerdos de Gobierno. La suma de ambos les sitúa en disposición de revalidar una mayoría suficiente, aunque el grado de dependencia mutua será clave para entender la estabilidad de la próxima legislatura después de su primera y fallida experiencia.

En el otro extremo, el PSOE encara la campaña con la difícil tarea de recuperar el pulso político bajo el liderazgo de Carlos Martínez, actual alcalde de Soria. Su llegada al frente del partido no ha conseguido, de momento, revertir la tendencia descendente de los socialistas en la región. La falta de un proyecto claro y la erosión sufrida en los últimos comicios sitúan a los socialistas en un papel secundario, con escaso margen para disputar la primera posición, aunque con el objetivo de mantener una presencia significativa que les permita seguir siendo un actor de referencia.

La desaparición práctica de Ciudadanos y el retroceso de Podemos parecen confirmarse como otro de los elementos que marcarán esta convocatoria. Dos formaciones que llegaron a tener presencia decisiva en el Parlamento autonómico afrontan ahora su travesía final, devoradas por la polarización política y por la incapacidad de consolidar estructuras estables en Castilla y León. Su desvanecimiento deja un espacio que, en buena medida, ha sido ocupado por el PP, Vox o las fuerzas provinciales.

Estas últimas, precisamente, continúan siendo un factor determinante. Unión del Pueblo Leonés (UPL) mantiene viva su reivindicación autonómica y goza de una fidelidad que le garantiza representación. Soria ¡Ya!, surgida del movimiento ciudadano, y Por Ávila, con su particular visión de la política provincial, seguirán jugando un papel de bisagra en un Parlamento en el que la fragmentación ha pasado de ser una rareza a convertirse en norma. A ellas se suma ahora la incógnita de Silvia Clemente con Nueve Castilla y León, un proyecto que despierta cierta expectación por lo inédito de su planteamiento y por la propia trayectoria política de su líder, conocedora de los resortes de la política autonómica. Su impacto real en las urnas está por medirse, pero podría introducir un elemento de distorsión en el equilibrio de fuerzas.

Ese teórico 15 de marzo no solo pondrá en juego escaños: pondrá también a prueba la capacidad de los partidos para conectar con una ciudadanía cada vez más exigente, más desencantada y menos tolerante con la improvisación. Los castellanos y leoneses valoran la estabilidad, pero también reclaman soluciones a problemas enquistados como la despoblación, el desequilibrio territorial o la falta de oportunidades para los jóvenes. Ninguna campaña puede permitirse ignorar estas demandas, so pena de convertirse en un ejercicio estéril de confrontación.

Por eso, este anuncio electoral debe entenderse como una oportunidad y no como un mero trámite político. La oportunidad de elevar el debate, de ofrecer propuestas creíbles y de demostrar que las instituciones de Castilla y León están a la altura de las circunstancias. La Comunidad afronta desafíos que no admiten frivolidades ni mensajes huecos, y la política autonómica debe dar respuesta con visión, responsabilidad y compromiso.

Sea cual sea el desenlace, Castilla y León se encuentra en una encrucijada que marcará el rumbo de los próximos años. El bloque de Gobierno puede consolidarse, las fuerzas provinciales seguirán marcando la diferencia y nuevas iniciativas intentarán abrirse paso. Pero hay algo que conviene no olvidar: la legitimidad de un proceso democrático comienza en la manera de comunicarlo. Y en esta ocasión, ese arranque ha dejado más sombras que certezas. De aquí a marzo, corresponde a los partidos disiparlas con seriedad, respeto institucional y propuestas a la altura de lo que merece Castilla y León.