El Juzgado de Primera Instancia de Segovia investiga al alcalde de La Granja, Samuel Alonso, por presuntos delitos de malversación y prevaricación, por los cuales está llamado a declarar el próximo 13 de enero, tal y como confirmó a Ical el portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento del Real Sitio, José Luis Martín. La decisión se toma tras la suma de la Fiscalía de Segovia a la denuncia interpuesta por el PP en el Ayuntamiento de la localidad. 

En este sentido, a los populares les fue notificado la decisión de la Fiscalía, tras ellos presentar una denuncia a la decisión del alcalde socialista de retirar el acceso telemático a la información municipal de todos los grupos de la oposición. Una medida que se adoptó el pasado 2 de octubre y que, según apuntaron los populares, "constituye un ataque directo a la transparencia y a la rendición de cuentas en la gestión del Ayuntamiento".  

"Hasta ahora, el acceso telemático había permitido a los concejales ejercer su labor de control de manera eficaz y compatible con su vida laboral, garantizando una oposición informada y constructiva", apuntaron. Sin embargo, el alcalde "ha decidido cerrar prácticamente por completo esa vía, escudándose en un informe de la Diputación de Segovia y en la Ley de Protección de Datos, que utiliza como argumento para justificar la restricción", lamentaron.

Protección de datos

Desde el PP recordaron que la protección de datos "no puede convertirse en un muro contra la transparencia, todos los concejales tienen deber de reserva, están sometidos a la propia ley de protección de datos y, además, firmaron un acuerdo de confidencialidad al inicio de la legislatura". Por tanto, recalcaron que no existe motivo "real" para impedir el acceso a la información municipal, "salvo la voluntad política de ocultar la gestión y dificultar el control democrático". 

Consideraron, prosigue Ical, que esta decisión es una "respuesta política a la firme oposición mostrada en el último pleno", donde todos los grupos de la oposición rechazaron la venta en un solo lote de parcelas municipales valoradas en más de 2,5 millones de euros, "al entender que dicha operación no iba dirigida al beneficio de los vecinos". 

Los populares temieron, además, que el cierre informativo esté vinculado con operaciones urbanísticas y decisiones de gestión actualmente en marcha, como el proyecto de Puerta de La Reina, el plan para separar las aguas de los jardines del Palacio Real del abastecimiento vecinal o la renovación de la concesión con Aquona, "sobre las cuales no se ha permitido consultar la documentación completa".

Recurso de reposición

Ante esta situación, el PP presentó el pasado 7 de octubre un recurso de reposición contra el decreto de Alcaldía, mediante el cual se limitaba el acceso a la información. En dicho escrito, el grupo popular recordaba que el decreto vulnera el artículo 77 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, los artículos 14 y 15 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF) y el artículo 23 de la Constitución Española, que garantiza el derecho de los representantes públicos a participar en los asuntos municipales. 

Desde entonces, los concejales populares solicitaron expedientes, sin obtener respuesta en los plazos previstos, a lo que se preguntaron el "¿por qué se teme tanto a la transparencia cuando debería ser la base de cualquier gobierno democrático?" o "¿qué interés puede haber en ocultar expedientes y decisiones que afectan directamente al futuro del municipio?", concluyeron.