Castilla y León ha logrado desbloquear, al menos sobre el papel, la tramitación de los Presupuestos de la Comunidad. La abstención del PSOE ha permitido dar vía libre al proyecto tras semanas de incertidumbre, después de que el rechazo inicial del techo de gasto por parte de las Cortes encendiera todas las alarmas sobre la gobernabilidad. El paso no es menor: el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco, en minoría tras la ruptura del pacto con VOX, afronta así su primer gran examen político sin apoyos estables y en un clima de creciente tensión preelectoral.

La incógnita ahora es si este gesto permitirá aprobar unas cuentas efectivas o si se trata solo de una tregua momentánea en una legislatura que, de no encontrar cauces de entendimiento, podría agotarse antes de tiempo. Los Presupuestos son la pieza clave que mide la capacidad de un Ejecutivo para mantener el rumbo; sin ellos, la legislatura se debilita y la convocatoria de elecciones anticipadas asoma como horizonte inevitable.

En paralelo, las Cortes han dado luz verde al nuevo plan de lucha contra los incendios forestales, una iniciativa que llega tras un verano especialmente duro y con el propósito de reforzar la prevención, la dotación de medios y la respuesta ante emergencias. La medida, más allá de su contenido técnico, evidencia la necesidad de consensos en torno a las políticas de largo recorrido: las que afectan al territorio, al medio rural y a la seguridad de los pueblos de Castilla y León.

Todo ello ocurre mientras el tablero político nacional se mueve con una inestabilidad creciente. La ruptura entre PP y VOX en Extremadura abre allí una nueva opción electoral y vuelve a poner de manifiesto la fragilidad de los acuerdos de coalición en la derecha. Al mismo tiempo, el clima político en Madrid se enrarece entre comisiones de investigación, declaraciones judiciales y la constante amenaza de ruptura de Junts, que sigue marcando el pulso de la legislatura estatal.

En este contexto convulso, Castilla y León necesita certidumbre. La Comunidad ha vivido en los últimos años su propia dosis de tensiones políticas, y mantener un mínimo de estabilidad institucional se ha convertido en un objetivo tan urgente como difícil. La aprobación de los Presupuestos —si finalmente llega— no será solo un trámite contable, sino una declaración de intenciones: la voluntad de seguir gobernando con responsabilidad en un país que parece haber perdido el equilibrio.