A lo largo de más de cuatro horas, el fiscal César de Rivas ha retratado la operación Kitchen como un operativo parapolicial ilegal "concebido" por la cúpula del Ministerio del Interior del primer Gobierno de Mariano Rajoy con la finalidad "bastarda" de hallar documentación en poder del extesorero Luis Bárcenas que pudiera resultar incriminatoria para el PP.

El fiscal anticorrupción, que pide 15 años de cárcel para el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, ha defendido ante la Audiencia Nacional la necesidad de condenar al resto de acusados de la cúpula de Interior entre 2013 y 2015 y a Sergio Ríos, exconductor de Bárcenas captado como confidente de la trama y que después obtuvo un puesto como Policía Nacional, informa la Agencia EFE.

"El operativo fue concebido en la misma cúpula del Ministerio del Interior. Hay que tener en cuenta el puesto que todos y cada uno de los acusados ocupaba", ha recalcado.

A través de audios, mensajes, grabaciones, anotaciones en la agenda del excomisario José Manuel Villarejo y declaraciones de testigos el fiscal ve acreditado el dispositivo: la captación del chófer Sergio Ríos, que este entregó documentación y dispositivos del extesorero que fueron clonados, la entrada en el taller de restauración de la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias, los seguimientos policiales a ésta o el "control excesivo" que el extesorero suió en prisión.

En múltiples ocasiones ha reiterado que la meta era que la información comprometedora del PP no acabase en el juez que investigaba Gürtel, lo que constituiría un delito de encubrimiento en el que sería irrelevante si "los acusados consiguieron o no su propósito" de que sustraer pruebas.

No se informó al juez

La operación no se comunicó ni al juez ni a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que investigaban Gürtel y la caja B del PP, y el fiscal considera que la introducción de un parte en la plataforma policial GATI en 2015, dos años después de los seguimientos, fue una "ficción creada por los acusados para enmascarar la verdadera naturalez delictiva del operativo".

Está acreditado, según el fiscal, "no solo el origen, sino también el objeto, la finalidad y el desarrollo de todo el operativo parapolicial delictivo" y ya antes de captar al chófer, al que llamaban "coci" o cocinero, se ha evidenciado el interés de los acusados por recabar información y documentación del extesorero.

A los acusados les atribuye "erráticas" y contradictorias versiones para desmentir que ese fuese el objetivo de la operación y defender, por ejemplo, que lo que se pretendía era perseguir bienes del extesorero.

Uno a uno ha ido repasando los elementos que apuntan a la participación de las siete personas a las que acusa.

En el caso del exministro se ha basado en las pruebas que el ex secretario de Estado Francisco Martínez aportó después de que el comisario Enrique García Castaño, exento de este juicio por enfermedad, decidiera confesar al juez que le entregó en un 'pendrive' el contenido de dispositivos pertenecientes a Bárcenas.

Se trata de mensajes intercambiados con Fernández Díaz que Francisco Martínez registró ante notario y a los que da veracidad el fiscal, pese a discutirlos la defensa del exministro.

Malversación por el uso de fondos reservados

El fiscal ha subrayado además que los acusados cometieron malversación porque se emplearon fondos reservados para remunerar al chófer con 2.000 euros al mes, pese a que el dispositivo era ilícito.

Además, ha rechazado el relato del chófer acerca de que debía colaborar con la Policía porque el marco es siempre el cumplimiento de la ley y "cualquiera sabe que no puede coger el móvil de un tercero y copiarlo sin su autorización". El fiscal considera que el puesto como policía de Sergio Ríos es parte de una remuneración por una operación ilícita y pide anular su nombramiento.

La Fiscalía ha mantenido las penas que pedía: 15 años para el exministro y su número dos, el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino y el inspector Andrés Gómez Gordo, exasesor de María Dolores de Cospedal; 12 años y medio para el chófer y dos años y medio para el exjefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas.

A Villarejo le pide la pena más alta porque le atribuye un proyecto paralelo para buscar la nulidad del caso Gürtel.

El juicio continuará este jueves con los informes finales de otras acusaciones.