El concejal de Patrimonio de Segovia, Alejandro González Salamanca, ha señalado la dejación administrativa de la exalcaldesa socialista Clara Martín como causa de la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a indemnizar al propietario de una finca con 905.000 euros, por el perjuicio causado al aplicarle el Plan Especial de Áreas Históricas (Peahis) de Segovia.

Para González Salamanca, el problema nace tras la sentencia judicial del año 2022, en la que el juzgado de los contenidos administrativos de Segovia fija una indemnización entre 84.000 euros y 1.219.000 euros, que debe abonarse a un propietario privado de un terreno en la calle Jerónimo de Aliaga, al que se le dota de una capacidad de edificabilidad menor que a otras fincas colindantes, en situación similar a la suya.

Según el concejal popular, este propietario llevó a Urbanismo y Patrimonio de Segovia una reclamación de responsabilidad patrimonial que no fue "ni siquiera tramitada". González Salamanca ha subrayado que en aquel momento (marzo 2022) la responsabilidad de la tramitación de los expedientes de responsabilidad patrimonial era de la entonces concejal del área, y desde ese año hasta junio del 2023 alcaldesa, Clara Martín.

Ante el silencio administrativo a su recurso, el propietario llevó el caso por vía judicial y fue así cuando se fijó una posible indemnización "entre 84.000 y 1.219.000 euros", ha confirmado González Salamanca.

Iniciada la vía judicial, el equipo de gobierno socialista apeló pero no recurrió en casación y admitió las indemnizaciones fijadas por el Tribunal Superior de Justicia, según la versión manifestada por el ahora titular de Patrimonio, que añade que la apelación no se formuló para manifestarse en contra de la cuantía máxima (1.219.000 euros) sino para suprimir "la cuantía mínima", lo que Salamanca ha definido como una defensa "escandalosa".

Dentro de los plazos que ha expresado el concejal popular, ha destacado que en marzo de 2023, aún con el gobierno municipal socialista, fue confirmada la sentencia. Una vez realizado el cambio municipal en junio (con la entrada del equipo de gobierno popular) el nuevo consistorio ha apelado esta sentencia, con el intento de que la indemnización fuera la menor posible, sin poder hacer nada más porque la sentencia era firme en "marzo de 2023".

Según Alejandro González Salamanca, el equipo de gobierno municipal ha acudido en primera instancia, en los procedimientos de ejecución de sentencia, ante el juzgado de lo contencioso, se ha recurrido en apelación el fallo del juzgado de lo contencioso y se ha acudido en casación tanto al Tribunal Supremo como al Tribunal Superior de Justicia.

A pesar de estos trámites, la sentencia final del Tribunal Supremo ha dictaminado una indemnización de 905.000 euros, que el Ayuntamiento deberá abonar al propietario de dicho terreno, tomando el dinero de la partida de contingencias, lo que supondrá no poder destinar esos fondos a otras mejoras de la ciudad.

Salamanca ha lamentado que éste no sea un caso único en el ámbito urbanístico de la ciudad, porque ha recordado que en la plaza Cirilo Rodríguez se ha producido un hecho similar, que conllevó la indemnización de 400.000 euros. Además, ha repasado sentencias de este tipo, a lo largo de las dos décadas pasadas (siempre con alcaldes socialistas) en las que las condenas llegan a "casi 15 millones de euros".

El concejal de Patrimonio ha expuesto cómo con una cantidad tan importante, 15 millones de euros, malgastados en el pago de condenas judiciales,  se hubiera podido emplear en mejoras de asfaltado y obras en la ciudad y ha señalado que ahora mismo se está pendiente de recibir otra sentencia de similar concepto, esta vez por fincas "en el entorno del CIDE" de propietarios a los que "no se les paga lo que piden".

Para terminar, González Salamanca ha asegurado que estas sentencias se hubieran podido evitar si se hubiera diseñado "adecuadamente" el Plan de Áreas Históricas, sin perjudicar a unos propietarios frente a otros, en lo que Salamanca ha definido como "problema de diseño del planeamiento".

Frente al argumento de la exalcaldesa Clara Martín, de que esa variación en la edificabilidad en propiedades colindantes era la única alternativa para cumplir con la normativa de la Junta de Castilla y León, González Salamanca ha razonado que no entiende por qué se debe aumentar la edificabilidad en fincas de características similares a la de la persona que ha reclamado y que, precisamente al no tener sentido esa variabilidad es por lo que el reclamante ha obtenido la indemnización, pues ha sido perjudicado ante los propietarios de alrededor, a quienes el Peahis habría beneficiado con un aumento de edificabilidad que no tenían antes del Plan.

González Salamanca ha hecho estas declaraciones durante su periodo como alcalde accidental, y en su cargo de concejal de Patrimonio, una vez que se ha publicado la sentencia del Tribunal Superior con la cantidad definitiva que obliga al Ayuntamiento a abonar al propietario de terrenos de la calle jerónimo de Aliga esos 905.000 euros.