El Consejo de Ministros aprobará el próximo martes, 22 de julio, el decreto que desarrolla el nuevo mecanismo obligatorio de reubicación de menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas, en un contexto de fuerte tensión institucional y con varias regiones en contra.

La norma prevé medidas como la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en caso de que una comunidad rechace acoger a un joven, quien será entonces entregado a la entidad de destino y puesto bajo conocimiento de la Fiscalía.

Este decreto, que complementa el real decreto ley aprobado el pasado 18 de marzo y que ya modificó la Ley de Extranjería, tiene como objetivo aliviar la presión que soportan territorios como Canarias, Ceuta y Melilla, que actualmente acogen a más de 5.500 menores solos, muy por encima de su capacidad. El nuevo marco legal obliga por primera vez a las comunidades autónomas a compartir la responsabilidad en función de criterios como población o renta per cápita.

La nueva normativa establece que los traslados serán responsabilidad de la comunidad de origen y estarán financiados con los 100 millones de euros ya previstos en el real decreto ley de marzo. Estos se harán de forma escalonada y siempre por profesionales, que deberán coordinarse con la entidad receptora para asegurar el acompañamiento del menor.

En caso de que un menor no cuente con permiso de residencia, la Subdelegación del Gobierno correspondiente deberá tramitarlo de forma prioritaria antes del traslado. Además, si un joven se niega a ser reubicado, la Fiscalía emitirá un informe previo sobre su situación.

Uno de los aspectos más controvertidos es el protocolo en caso de negativa por parte de una comunidad a acoger al menor asignado. En ese caso, los profesionales responsables podrán solicitar el apoyo de las fuerzas de seguridad, que actuarán para garantizar el cumplimiento del proceso y lo comunicarán al Ministerio Fiscal.

CHOQUE Y CALENDARIO

El decreto llega tras meses de enfrentamientos con comunidades autónomas. Diez gobiernos regionales del PP y Castilla-La Mancha (PSOE) han recurrido el real decreto ley ante el Tribunal Constitucional al considerar que vulnera competencias autonómicas. No obstante, han asegurado que acatarán la ley si finalmente se aplica.

El conflicto alcanzó su punto álgido con el 'plantón' de las comunidades del PP (excepto Ceuta y Canarias) a la Conferencia Sectorial prevista para debatir el mecanismo de reubicación, que tuvo que ser suspendida por falta de quorum.

Aun así, el Ejecutivo mantiene su hoja de ruta. El 26 de agosto aprobará otro decreto que definirá la capacidad ordinaria de acogida de cada autonomía y el número de menores que deberá asumir. Un día después, el 27, se activará formalmente la situación de contingencia en territorios desbordados como Canarias, lo que permitirá iniciar los traslados a partir del 28 de agosto.

El plan prevé completar la reubicación de unos 3.000 menores en el plazo de un año. Sin embargo, si un joven llega a una comunidad que ya ha declarado la situación de contingencia, su traslado deberá realizarse en un máximo de 15 días desde su inscripción en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados.