La Guardia Civil descubre dos talleres clandestinos multados con sanciones de 6.000 y 7.000 euros

SUBDELEGACIÓN GOBIERNO

La Guardia Civil de Segovia ha descubierto dos talleres mecánicos cladestinos a los que la Junta de Castilla y León ha multado tras sendos expedientes con cuantías de 6.000 y 7.000 euros.

Agentes del Seprona de Guardia Civil de Segovia han descubierto dos talleres mecánicos cladestinos a los que la Junta de Castilla y León ha multado tras sendos expedientes con cuantías de 6.000 y 7.000 euros, según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

 

Los agentes conocían la existencia de un taller clandestino en una localidad segoviana, donde se realizaban trabajos de reparación en el interior de una nave y en la vía pública próxima. Esta actuación fue realizada en el marco del operativo dirigido a la detección de talleres de vehículos que operan de manera ilegal.

 

Un mes después, localizaron unas instalaciones en un polígono industrial, también en Segovia, pertenecientes a una empresa de transportes donde se hallaban varios vehículos, maquinaria y un depósito de combustible. Dicho espacio carecía igualmente de las autorizaciones pertinentes.

 

En ambos casos, el Seprona formuló las correspondientes denuncias tanto en materia industrial como medioambiental y, como consecuencia de ello, la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia ha instruido sendos expedientes sancionadores que se han resuelto con la imposición de sendas sanciones de 7.000 y 6.000 euros a los titulares de las indicadas actividades ilícitas.

 

Estas actuaciones se enmarcan en la operación de control de instalaciones que la Guardia Civil desarrolla en los últimos años, motivada por haberse constatado la existencia de establecimientos que desarrollan sus trabajos incumpliendo tanto la normativa industrial como medioambiental.

 

Se trata de actividades que generan molestias significativas, susceptibles de alterar las condiciones de salubridad, pudiendo provocar perjuicios al medio ambiente o generar riesgos para las personas o bienes, según las mismas fuentes.

 

Además, se estaría atentando contra la libertad de competencia, pudiendo constituir un fraude fiscal y tributario, y suponer un incumplimiento de la normativa reguladora de la seguridad social y de la seguridad de los trabajadores.

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