En ambos casos, el Seprona formuló las correspondientes denuncias tanto en materia industrial como medioambiental y, como consecuencia de ello, la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia ha instruido sendos expedientes sancionadores que se han resuelto con la imposición de sendas sanciones de 7.000 y 6.000 euros a los titulares de las indicadas actividades ilícitas.

Estas actuaciones se enmarcan en la operación de control de instalaciones que la Guardia Civil desarrolla en los últimos años, motivada por haberse constatado la existencia de establecimientos que desarrollan sus trabajos incumpliendo tanto la normativa industrial como medioambiental.

Se trata de actividades que generan molestias significativas, susceptibles de alterar las condiciones de salubridad, pudiendo provocar perjuicios al medio ambiente o generar riesgos para las personas o bienes, según las mismas fuentes.

Además, se estaría atentando contra la libertad de competencia, pudiendo constituir un fraude fiscal y tributario, y suponer un incumplimiento de la normativa reguladora de la seguridad social y de la seguridad de los trabajadores.