Cinco años y nueve meses de prisión es lo que pide la Fiscalía para un exjefe de la Oficina Territorial de Trabajo de la Junta en Segovia por un presunto delito continuado de descubrimiento y revelación de secretos, otro contra la propiedad intelectual y otro relativo al mercado y a los consumidores, con cuentas de Movistar+.

El acusado será juzgado en la Audiencia de Segovia el 12, 13 y 14 de mayo, en una causa que procede de diligencias instruidas por el Juzgado de Instrucción número 5 de la capital, han informado este lunes fuentes jurídicas y publica Efe. 

Entre octubre de 2015 y septiembre de 2020, según las conclusiones provisionales, el ahora procesado habría utilizado medios oficiales, teléfono móvil, ordenadores y correo corporativo, así como recursos desde su domicilio, para activar de forma fraudulenta al menos cincuenta y cinco altas en el servicio Movistar+ Dispositivos.

La acusación sostiene que el entonces responsable público facilitó a terceros no identificados el acceso ilícito a contenidos audiovisuales y deportivos de la plataforma, evitando el pago de suscripciones, mediante el uso de datos personales de clientes de Movistar o Fusión a los que tenía acceso por razón de su cargo.

En algunos casos, añade el escrito de calificación, él mismo habría utilizado esas cuentas.El sistema empleado consistía en registrar accesos a nombre de clientes reales sin su conocimiento ni autorización, creando direcciones de correo electrónico y fijando teléfonos de recuperación de contraseñas bajo su control.

Perjuicio económico

Los hechos habrían causado un perjuicio económico a Telefónica estimado entre un mínimo de 14.850 euros y un máximo de 80.916 euros, en función del número de accesos y del coste de las suscripciones, que oscilan entre 45 y 122,60 euros mensuales.

La Fiscalía califica los hechos como un delito relativo al mercado y a los consumidores en concurso con un delito contra la propiedad intelectual, así como un delito continuado de descubrimiento y revelación de secretos. Considera al acusado autor de los mismos y no aprecia circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

Por ello, recoge Efe, además de las penas de prisión, solicita multas económicas, inhabilitación para el sufragio pasivo durante el tiempo de condena y una inhabilitación absoluta por diez años.