La concejal de Hacienda en el Ayuntamiento de Segovia, Rosalía Serrano -envuelta en el llamado 'caso Rosalía' que le afecta como administradora de una empresa que, en 2022, construyó 8 trasteros sin la licencia urbanística correspondiente-, ha renunciado a su acta de concejal y dimitido consecuentemente de sus cargos en el equipo de gobierno, minutos antes del inicio del pleno extraordinario municipal en el que se ha debatido, por segunda vez, la propuesta de ordenanzas fiscales para el año 2026 llevada a pleno por el Partido Popular.

El pleno extraordinario estaba convocado para las 9 de la mañana y, al llegar la hora, se ha anunciado un retraso de 30 minutos más, que finalmente se han prolongado hasta las 10 horas. En ese tiempo no ha aparecido ningún concejal del equipo de gobierno popular, mientras el resto de ediles iban entrando en el salón de plenos, hasta que los portavoces de los grupos (Ciudadanos, Segovia en Marcha, Izquierda Unida, VOX y PSOE) han sido llamados al despacho de la concejal Serrano, donde se les ha comentado la noticia de su renuncia como concejal.

La propia Rosalía Serrano, en declaraciones previas hechas en la víspera, admitió una fuerte presión anímica que estaba influyendo sobre ella y sobre su familia, aunque mantuvo su postura de no haber realizado ninguna gestión fuera de la normativa y que no existe un 'caso Rosalía', aunque también inició un ataque contra la portavoz del grupo socialista, la exalcaldesa Clara Martín, a la que acusó de ejercer sus funciones municipales mientras adminsitraba una empresa de consultoría arqueológica. Estas declaraciones fueron desmentidas inmediatamente por Martín, quien tras conocer la renuncia de Rosalía Serrano a su cargo en el Ayuntamiento ha resumido su postura en que "ha llegado tarde, y que haya dimitido y no haya sido cesada por el alcalde debe hacer reflexionar al equipo de gobierno sobre los acontecimientos de estos meses".

Los acontecimientos a los que se refiere Martín se centran en el anuncio de irregularidad cometido en 2022 por una empresa de la que Rosalía Serrano era administradora única, y que sin esperar autorización del servicio municipal de Urbanismo realizó una transformación de plazas de garaje en 8 trasteros, en un edificio del centro de la ciudad, que ahora se encuentran en una situación que el área de Urbanismo tiene en estudio para comprobar cómo solucionar.

A ello se suma el hecho de que, en junio de 2023, cuando Serrano tomó el acta de concejal, no declaró - como es legalmente obligatorio - su condición de administradora de dos empresas de Segovia, dedicadas a actividades inmobiliarias, lo que en su condición de concejal de Hacienda podía dar lugar a claros conflictos de intereses. En ese punto, Serrano defendió su postura como un error que subsanó en 2024 (cuando el caso salió a la luz) y que no había recibido ningún sueldo o retribución por su cargo de administradora (aunque los trasteros figuraban como una obra hecha para 'venta o alquiler', lo que produciría beneficio económico a la empresa que ella adminsitraba hasta ese momento).

A lo largo de los meses, desde que el 'caso Rosalía' tomó forma en la opinión pública, en julio de 2025, la concejal ha negado de forma constante que hubiera recibido ninguna gratificación por el hecho, y también que la irregularidad de esa superficie urbana no está relacionada con los trasteros reformados, sino con el resto de plazas de garaje del edificio, cuyas dos terceras partes se encuentran, al parecer, construídas sin cumplir la normativa para este tipo de espacios.

A pesar de esta tensa situación, Serrano no había manifestado de forma pública una posible intención de dimitir, y la sorpresa ha surgido minutos antes del inicio del pleno extraordinario para intentar aprobar las ordenanzas fiscales del año 2026 (sobre las que ha estado trabajando Rosalía Serrano durante las últimas semanas), cuando ha anunciado al alcalde Mazarías su voluntad de abandonar el Ayuntamiento.

Tras el pleno, el portavoz del equipo de gobierno, José Luis Horcajo, ha convocado una comparecencia en la que se ha limitado a expresar la gratitud "por el trabajo bien hecho" de Serrano, ha asegurado que ella ha tomado "una decisión personal, no motivada por el tema de los trasteros", y que en sus dos años como concejal ha logrado "la agenda urbana, ha conseguido una buena gestión de fondos europeos para la ciudad y ha hecho un buen trabajo".

Horcajo no ha podido anunciar quién puede ser la persona que sustituya a Serrano en el grupo popular municipal "porque todo ha sucedido muy rápido", y ha subrayado que "la vida municipal es muy dura, muy exigente, y no todo el mundo lo aguanta", y ha recordado cómo en la víspera la concejal había expresado su malestar por la presión que estaban sufriendo ella y su familia.

Respecto a la noticia de la renuncia, el conjunto de portavoces de la oposición ha coincidido en que hubieran preferido que, en el momento en que surgió el caso de la presunta irregularidad inmobiliaria de los trasteros, y se tuvo conocimiento de que Serrano no había declarado su condición de administradora de empresas al tomar posesión del acta, el propio alcalde Mazarías hubiera anunciado su cese. Los portavoces indican que ese cese, en su momento, hubiera facilitado acercamientos en las negociaciones de las ordenanzas y otros temas de gobierno, y se ha llegado a definir su renuncia como "una muerte anunciada", aunque la reacción de la concejal dimisionaria respecto a sus declaraciones sobre su contrincante política socialista revelarían su intención de "morir matando".