El sistema de Servicios Sociales de Castilla y León se distingue como el más sobresaliente a nivel nacional, tal como se confirma por el Índice DEC. Elaborado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España, ofrece un análisis objetivo de los departamentos encargados de esta área en todas las regiones.

Castilla y León se sitúa a la vanguardia, superando tanto a las comunidades de régimen común como a las forales (País Vasco y Navarra). Además, alcanza la calificación más alta de su trayectoria, un notable 7,73, lo que supone un incremento de 0,94 puntos con respecto al año anterior, superando en más de dos puntos la media nacional, que se establece en 5,46. Con este logro, la Comunidad suma ya doce años ocupando un lugar en el pódium.

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, participó en la presentación del Índice DEC en Madrid, donde expresó su agradecimiento a la Asociación responsable, a la que reconoció como un referente a nivel nacional para comprender la situación de los sistemas sociales y proponer mejoras.

El Índice de 2024 refleja el resultado del diálogo y consenso social que caracteriza a la Comunidad, destacando la colaboración entre la Junta, las corporaciones locales y las entidades del tercer sector, según explicó Isabel Blanco. Este trabajo conjunto y la toma de decisiones estratégicas son fundamentales para la eficiencia del sistema social autonómico, tal y como se evidencia en el informe.

Desde 2012, año en que la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales comenzó a elaborar el Índice DEC, Castilla y León ha mantenido una posición destacada, liderando tanto a las comunidades de régimen común como al conjunto, incluyendo las forales. En 2012 y 2018 ya obtuvo la máxima calificación a nivel nacional, pero es en 2024 cuando ha alcanzado un nuevo récord.

Los informes publicados muestran un sistema equilibrado y en constante mejora, que ha alcanzado la excelencia en derechos y cobertura, con una de las mejores ratios entre cobertura y gasto. La gestión es eficiente, las decisiones estratégicas son adecuadas y existe una alta correspondencia entre los derechos reconocidos y las prestaciones y servicios ofrecidos, según el Índice DEC.

Las conclusiones del informe se alcanzan en un contexto sociodemográfico complejo, caracterizado por una sociedad rural, dispersa, envejecida y con baja natalidad. Esto dificulta la prestación de servicios a la ciudadanía. Por tanto, la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, realiza un importante esfuerzo económico y organizativo para garantizar que los servicios lleguen a todos los rincones de la Comunidad.

En el ámbito económico-financiero, Castilla y León ha aumentado significativamente el gasto social por habitante hasta alcanzar los 592,5 euros (85,3 euros y un 16,8 % más que en 2023), superando en 44,4 euros la media nacional. Las administraciones públicas de Castilla y León han incrementado el porcentaje presupuestario destinado a Servicios Sociales hasta el 11,1 %, frente al 10,25 % del conjunto del Estado. El 79,4 % de este gasto social procede de la Junta, superando en 5,1 puntos la media nacional. El porcentaje de gasto en esta área sobre el PIB autonómico también aumenta, pasando del 1,87 % al 1,99 %, mientras que en el conjunto de las comunidades es del 1,76 %.

La cobertura efectiva de prestaciones y servicios es otro punto fuerte del sistema castellano y leonés. En atención a personas en situación de dependencia, obtiene la máxima calificación a nivel nacional: un 8,3 frente a una media global del 5,1. El tiempo medio para resolver un expediente en Castilla y León es de 113 días, frente a los 342 del resto. El 94,81 % de las personas con derecho a alguna prestación la están recibiendo, superando en cuatro puntos la media nacional, lo que convierte a esta Comunidad en el territorio con mayor porcentaje de personas que obtienen prestación en relación con su población.

En atención residencial, Castilla y León lidera la cobertura en plazas residenciales con financiación pública para mayores de 75 años, con un 11,82 % frente al 5,89 % estatal. Un liderazgo que se repite en servicios residenciales para personas con discapacidad: una cobertura del 4,55 % frente al 1,72 % del conjunto del país. Esto implica que un castellano y leonés perteneciente a este colectivo tiene 2,6 veces más posibilidades de obtener una plaza en un centro residencial que a nivel nacional. Este liderazgo se repite en centros de día y ocupacionales especializados en discapacidad: 6,47 plazas por cada 100 personas, más del doble que la media estatal, que es de 3,13.

En el ámbito de la violencia de género, el sistema social de Castilla y León suma 21,1 plazas por cada 100 mujeres protegidas, frente a las 18,3 globales. En cuanto a menores integrados en el sistema de protección de la Comunidad, el 50,2 % del total de los acogimientos se producen en un entorno familiar, superando la media estatal del 47,8 %. En relación con los alojamientos para personas sin hogar, hay 82,7 plazas por cada 100.000 habitantes, 21 más que a nivel nacional.