El Ayuntamiento de Segovia ha presentado su propuesta de Ordenanzas Fiscales para 2027, que plantea una reducción global de ingresos de 1.231.314 euros, cantidad que dejarán de pagar los vecinos de la ciudad en conceptos como el IBI, el impuesto de vehículos y la tasa de basuras.

El alcalde, José Mazarías, y el portavoz del equipo de Gobierno y concejal de Hacienda, José Luis Horcajo, han presentado el documento, que será sometido a votación en el pleno municipal de este viernes. Mazarías ha explicado que la propuesta "responde a tres objetivos: adecuar las tasas al coste real de los servicios, orientar los beneficios fiscales hacia la vivienda, el empleo y la economía circular, y actualizar y depurar técnicamente varias ordenanzas". El alcalde ha subrayado que la iniciativa busca compatibilizar la rebaja fiscal con el mantenimiento del equilibrio económico municipal.

Entre las principales medidas, el equipo de Gobierno ha planteado una bajada general del tipo del Impuesto de Bienes Inmuebles urbano, que pasará del 0,655 por ciento al 0,630 por ciento, lo que supone una reducción aproximada del 4 por ciento en los recibos y una menor recaudación de 715.000 euros. A esta rebaja se suma una reducción del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, del 5 por ciento para turismos y motocicletas y del 10 por ciento para vehículos industriales, con un impacto de 135.410 euros menos en las arcas municipales.

La tasa de residuos también ha sido modificada. El nuevo modelo reducirá la cuota en nueve de cada diez recibos, con una menor recaudación estimada de 365.000 euros, y los pagos pasarán de una periodicidad semestral a otra cuatrimestral, coincidiendo con los recibos del agua. El documento ha incorporado además bonificaciones de hasta el 50 por ciento para la reducción verificada de residuos alimentarios y del 10 por ciento para la separación, el compostaje o el uso del contenedor marrón.

El texto ha incluido también bonificaciones para el empleo y la actividad económica, de entre el 20 por ciento y el 50 por ciento, así como incentivos para recuperar locales cerrados durante más de seis meses. En vivienda, se ha previsto una bonificación del 50 por ciento para la construcción de vivienda protegida y la autopromoción durante cinco años, y un 25 por ciento para instalaciones de energía solar. Las bonificaciones del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras para proyectos de interés municipal se han elevado hasta el 95 por ciento.

El Ayuntamiento ha reforzado igualmente el apoyo a las familias, con una bonificación del 25 por ciento en las tasas de agua y residuos para familias numerosas y de hasta el 40 por ciento en la tasa de residuos para unidades familiares en riesgo de exclusión.

La propuesta actualiza el estacionamiento regulado, que pasará a denominarse Zona de Estacionamiento Limitado (ZEL). El Gobierno municipal defiende que la renovación es necesaria porque las tarifas no se revisan desde 2005, hace 21 años. El nuevo contrato permitirá pagar con tarjeta, eliminará los tickets en papel y posibilitará el pago por matrícula, además de un control informático del servicio en tiempo real. Las tarifas se incrementarán un 33 por ciento, del cual un 28,3 por ciento corresponde a la actualización del IPC acumulado en las dos últimas décadas. La hora en zona azul pasará de 0,60 a 0,80 euros, y en zona verde se situará en 1,60 euros. Las nuevas tarifas solo entrarán en vigor cuando comience a funcionar el nuevo contrato.

Asimismo, se ha incorporado una nueva tasa para los autobuses turísticos que utilicen el entorno del intercambiador modal, con cuotas de entre 52 y 137 euros por cada periodo de 24 horas según el tamaño del vehículo, y bonificaciones para las estancias consecutivas. Esta tasa aportará al Ayuntamiento unos ingresos estimados de 1.250.000 euros durante 2027.

El alcalde ha apelado a la responsabilidad de los grupos municipales para que la propuesta salga adelante en el pleno, después de que las comisiones informativas hayan dado luz verde a los dictámenes, en la mayoría de los casos con la abstención de la oposición. Mazarías ha defendido que el texto permite "que los ciudadanos paguen menos, manteniendo a la vez el equilibrio económico del Ayuntamiento". Si las ordenanzas reciben el respaldo necesario, las nuevas medidas entrarán en vigor el 1 de enero de 2027, salvo aquellas condicionadas a la puesta en marcha de nuevos contratos o servicios.