El Grupo Municipal Socialista, a través de su portavoz, Clara Martín, ha denunciado lo que califica como "un nuevo escándalo político, económico y ético" en la gestión del equipo de Gobierno encabezado por el alcalde José Mazarías (PP). Según Martín, el Ayuntamiento de Segovia habría causado un perjuicio económico de 133.100 euros a la Federación Española de Baloncesto (FEB) por la organización del torneo preolímpico femenino disputado en el pabellón Pedro Delgado entre el 22 y el 24 de julio de 2024, con las selecciones de España, Australia y Canadá.

La portavoz socialista aseguró que el caso refleja "una muestra evidente de improvisación y negligencia administrativa", denunciando que el Ayuntamiento actuó "de palabra y sin contrato", comprometiéndose a abonar los gastos del evento sin seguir los procedimientos legales.

Según Martín, el concejal de Deportes, Jesús Garrido, se comprometió en mayo de 2024 a incluir una partida presupuestaria y firmar el contrato en junio, pero el torneo finalmente se celebró sin expediente ni fiscalización por parte de Intervención.

La FEB, explicó, adelantó todos los gastos .alojamiento, transporte, montaje del parquet, material deportivo y servicios técnicos.m sin recibir compensación alguna durante siete meses. Ante la falta de pago, la Federación presentó el 20 de diciembre de 2024 todas las facturas justificativas por un total de 166.000 euros, de los cuales 133.100 euros correspondían al canon acordado con el Ayuntamiento, sin obtener respuesta.

Posteriormente, el 22 de julio de 2025, la FEB registró una reclamación de responsabilidad patrimonial, y el 8 de septiembre, el alcalde firmó un decreto reconociendo los hechos y el daño económico causado.

Ante esta situación, el PSOE ha anunciado que solicitará la comparecencia del alcalde y del concejal de Deportes en la comisión informativa correspondiente, así como un informe de la Intervención municipal sobre una posible responsabilidad contable ante el Tribunal de Cuentas.

En su reclamación, la Federación Española de Baloncesto califica los hechos como una "negligencia grave" del Ayuntamiento, atribuyéndolos a "una defectuosa actuación de los servicios municipales que incumplieron normas administrativas y principios de buena fe contractual, generando un enriquecimiento injusto del Ayuntamiento"