El Gobierno se ha visto obligado en los últimos días a dar explicaciones sobre un error de enorme trascendencia: la falta de control en el sistema de pulseras telemáticas destinadas a vigilar a los condenados por violencia de género. Se trata de un dispositivo clave para la protección de las víctimas y cuya eficacia depende de la fiabilidad absoluta del sistema. El fallo, más allá de lo técnico, plantea una cuestión política de primer orden: ¿cómo es posible que se haya producido un descuido de semejante magnitud en un asunto tan sensible?

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha comparecido para explicar que se trata de un "error puntual" ya subsanado y que el Gobierno trabaja para reforzar los protocolos. Sin embargo, en una materia que afecta directamente a la seguridad de las mujeres amenazadas, la opinión pública exige algo más que explicaciones técnicas: se demanda asunción de responsabilidades y garantías de que los fallos no se repetirán.

La figura de Redondo adquiere aquí un relieve especial en Castilla y León. Quienes siguen la política regional recuerdan su etapa como portavoz socialista en las Cortes, bajo la dirección de Óscar López, hoy ministro de Presidencia. También su paso por el Ayuntamiento de Valladolid como concejala de Cultura en el equipo de Óscar Puente, otro de los actuales ministros con peso en el Gobierno de Pedro Sánchez. Una trayectoria que la ha situado en la primera línea y que incluso la ha convertido en nombre recurrente en las quinielas como posible candidata a la alcaldía vallisoletana en 2027.

Pero la proyección política depende también de la gestión de las crisis. Y esta polémica, con el eco mediático y social que ha alcanzado, puede dejar una huella difícil de borrar. El PSOE deberá valorar si el cartel de Redondo es el más conveniente en un escenario en el que la confianza pública se pone a prueba en cada decisión y en cada palabra.

Porque más allá de los nombres propios, lo que está en juego es la credibilidad de las instituciones y la certeza de que el sistema de protección de las víctimas de violencia machista funciona con todas las garantías. Ahí no caben errores. Y cuando los errores se producen, la respuesta no puede limitarse a justificar lo ocurrido: la política debe dar un paso al frente, asumir responsabilidades y demostrar que la seguridad de las mujeres no es un terreno sujeto a la improvisación ni a la indulgencia.