El partido no teme una ruptura con Rufián pese a la tensión por su propuesta de frente unitario
Ayuso sobre el contrato de su hermano: nunca se sabrá "cuántas vidas habrán salvado esas mascarillas"
La presidenta de Madrid ha pedido a su Gobierno no hablar de la situación del contrato de su hermano porque "eso está en la Fiscalía" y "no va a servir para informar, sino todo lo contrario".
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido este domingo a su Gobierno no hablar de la situación del contrato de su hermano porque "eso está en la Fiscalía" y "no va a servir para informar, sino todo lo contrario" y ha subrayado, en cualquier caso, que nunca se sabrá "cuántas vidas habrán salvado esas mascarillas".
Así lo ha comunicado la dirigente del Gobierno regional ante los medios en el partido de rugby que se ha disputado en la Universidad Complutense de Madrid entre España y Rumanía, donde se jugaban la clasificación al Mundial de 2023. En este sentido, Ayuso ha confirmado que su Gobierno está "sometido ahora mismo a una fuerte presión" y que lo que tienen que hacer es "no hablar de aquello que no les compite como Gobierno", en relación a la situación de su hermano con los contratos en plena pandemia.
"Ese contrato se produjo en un momento muy difícil, cuando no había mascarillas, que se nos olvida; en un momento donde no había cómo proteger a nuestros sanitarios, en un momento donde se moría la gente y es más, nunca sabremos cuántas vidas habrán salvado esas propias mascarillas".
Por último, ha concluido que el asunto entre "dos particulares" no tienen que resolverlo ellos y en cambio, si "dar cuentas" de la gestión que ha hecho su Gobierno, ya que "eso es lo conveniente y lo demás no va a ayudar a informar"
El ministro de Transformación Digital cree que Lambán "se dedicó a hacer otra cosa, muchas veces con argumentos que eran de la derecha" y no desgastó al PP
Núcleo Nacional fue objeto de una investigación por parte de la Guardia Civil y está monitorizado por las fuerzas de seguridad del Estado
La proposición de Ley, apoyada por 302 diputados, faculta a los jueces a retirar contenidos ilícitos de internet y a prohibir acudir o vivir en ciertos lugares







