El Gobierno quiere que la situación de los españoles nacionalizados mediante la llamada ley de nietos quede resuelta antes de las elecciones generales de 2027. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha pedido al Tribunal Supremo que se pronuncie sobre los recursos relacionados con esta norma antes de la próxima cita electoral.

La petición llega después de que el alto tribunal haya acordado suspender provisionalmente las nuevas incorporaciones al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de quienes hayan obtenido la nacionalidad española al amparo de esta vía y cuya condición de descendientes de exiliados todavía deba ser acreditada.

Bolaños ha calificado de "muy discutible jurídicamente" la decisión del Supremo por considerar que deja temporalmente sin derecho de voto a miles de españoles. El ministro ha expresado su posición en su cuenta de X, donde también se ha hecho eco del pronunciamiento de Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales, que han cuestionado igualmente la resolución.

El Supremo pone el foco en el aumento del censo exterior

La decisión judicial está relacionada con el fuerte crecimiento registrado en el censo de españoles residentes en el extranjero. Desde las elecciones generales de 2023, el CERA ha incorporado 408.262 electores vinculados a la aplicación de la ley de nietos.

Para el Tribunal Supremo, ese "incremento extraordinario", unido a una instrucción posterior sobre la aplicación de la norma, supone un riesgo que podría afectar de manera grave a la objetividad y transparencia del proceso electoral.

Por este motivo, el tribunal ha establecido que las nuevas altas permanezcan en suspenso hasta que los consulados puedan acreditar que los solicitantes cumplen los requisitos vinculados al exilio español. La resolución afecta a la normativa que permite acceder a la nacionalidad a hijos y nietos de españoles que tuvieron que exiliarse como consecuencia de la Guerra Civil y la dictadura franquista.

El Supremo también ha ordenado a la Oficina del Censo Electoral separar los expedientes de inscripción que procedan directamente de los supuestos de exilio contemplados en la ley de aquellos que hayan sido aprobados siguiendo la interpretación establecida posteriormente mediante una instrucción.

Además, reclama información sobre cómo se está aplicando la norma y sobre el voto por correo de los residentes ausentes. La Junta Electoral deberá instar a la Oficina del Censo Electoral a entregar el informe que había solicitado el pasado 16 de julio y a establecer criterios precisos para determinar el municipio en el que debe figurar inscrito cada elector.

300.000 nuevos españoles ya están inscritos

La dimensión del proceso ayuda a explicar la importancia que ha adquirido la controversia. Según los últimos datos oficiales, alrededor de 2,4 millones de descendientes de españoles exiliados han solicitado la nacionalidad por esta vía. De ellos, 544.722 solicitudes han sido aprobadas y unos 306.000 descendientes ya figuran inscritos como españoles.

Con las elecciones generales de 2027 en el horizonte, el Ejecutivo reclama ahora al Supremo que resuelva cuanto antes los recursos pendientes. La disputa no se limita ya a la aplicación administrativa de la ley de nietos: afecta directamente a quién puede incorporarse al censo exterior y ejercer su derecho al voto en los próximos comicios.