Además, el nuevo modelo introduce una de las principales demandas del sector: descuentos directos en el momento de la compra. A la ayuda estatal se sumará una rebaja mínima de 1.000 euros por parte de los concesionarios, lo que eleva el incentivo total hasta los 5.500 euros en algunos casos, siempre que el vehículo no supere los 35.000 euros.

Un sistema más ágil 

El cambio de estrategia llega después de las dificultades registradas con el Moves III, vigente desde 2021 y financiado con fondos europeos. Aunque el programa movilizó más de 1.300 millones de euros en toda España y permitió la adquisición de miles de vehículos eléctricos, su aplicación estuvo marcada por la complejidad administrativa y la lentitud en la gestión.

En Castilla y León, por ejemplo, se recibieron más de 7.500 solicitudes en 2025, pero solo se habían abonado 4,6 millones de euros a mediados de febrero, una pequeña parte del total previsto. La mayoría de las ayudas se destinaron a la compra de vehículos, mientras que la instalación de puntos de recarga tuvo un impacto mucho menor.

Las administraciones autonómicas señalaron entonces problemas como la falta de personal, errores en la documentación o conflictos en la titularidad de los vehículos, lo que obligaba a continuos requerimientos y generaba largas listas de espera.

Más control estatal y criterios europeos

Con Auto+, el Gobierno busca homogeneizar el reparto de ayudas en todo el país y evitar las diferencias territoriales que se producían con el modelo anterior. Además, se incorporan nuevos criterios vinculados al origen del vehículo: la cuantía final dependerá de si el coche y sus componentes, como la batería, han sido fabricados en Europa.

El plan se enmarca dentro de la estrategia Auto 2030 y nace con vocación de continuidad, ya que se prevé su prórroga anual. Con ello, el Ejecutivo pretende estimular la demanda de vehículos eléctricos y reforzar la transición hacia una movilidad más sostenible, eliminando uno de los principales frenos detectados hasta ahora: la burocracia.