La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no ha localizado vuelos internacionales en los que coincidieran Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, y su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, tras analizar los desplazamientos al extranjero realizados por ambas en los últimos cinco años.

La revisión se ha llevado a cabo a petición del juez Juan Carlos Peinado, que investiga a ambas en un juzgado de Madrid y solicitó a los agentes determinar si habían realizado viajes juntas y si estos tenían carácter institucional o privado. En un auto dictado el pasado 6 de febrero, el magistrado pidió concretar específicamente los desplazamientos realizados a República Dominicana, República del Congo, República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Guinea-Bisáu y Rusia.

Según el oficio remitido por los investigadores, al que ha tenido acceso la agencia EFE, únicamente se ha localizado un viaje a uno de estos destinos: el realizado por Begoña Gómez a República Dominicana entre el 1 y el 3 de junio de 2022.

Para elaborar el informe, la UCO utilizó los registros de la Oficina Nacional de Información del Pasajero (ONIP), integrada en la Secretaría de Estado de Seguridad. Este sistema conserva datos de vuelos durante un máximo de cinco años, lo que ha impedido a los investigadores revisar desplazamientos anteriores a 2018, cuando Pedro Sánchez accedió al Gobierno, como había solicitado el juez.

Dieciocho viajes de Begoña Gómez

De acuerdo con el informe policial, los agentes han identificado 18 viajes internacionales de ida y vuelta realizados por Begoña Gómez entre agosto de 2021 y octubre de 2025. Entre los destinos figuran países como Ghana, Egipto, República Dominicana, Reino Unido, Uruguay, Italia, Costa Rica, Perú y Suiza, además de desplazamientos a Ámsterdam.

En ninguno de estos trayectos coincidió con Cristina Álvarez, que entre 2022 y 2025 realizó viajes a México, Egipto __EMDASH__en fechas distintas a las de Gómez__EMDASH__ y Estados Unidos.

Investigación judicial en curso

El juez Peinado solicitó esta comprobación después de que ambas investigadas se negaran a facilitar voluntariamente sus pasaportes, una posibilidad que podían ejercer amparándose en su derecho de defensa.

La investigación busca esclarecer, entre otros aspectos, si la esposa del presidente del Gobierno pudo utilizar a su asesora en Moncloa para asistirla en actividades de carácter privado, lo que podría constituir un presunto delito de malversación. El procedimiento judicial sigue abierto mientras el juzgado continúa recabando información.