El Tribunal Supremo ha condenado a dos años de inhabilitación y a una multa de 7.200 euros al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos en relación a la presunta filtración de un correo relacionado con la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Justo una semana después de que acabase el juicio -el primero que sentaba en el banquillo a un fiscal general del Estado-, el alto tribunal ha adelantado el fallo de una sentencia que contará con el voto particular discrepante de dos de los siete magistrados, informa la Agencia EFE.

Las juezas progresistas Ana María Ferrer y Susana Polo disienten de la decisión de sus compañeros, lo que ha hecho que sea el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta, quien asuma la ponencia de la sentencia.

Una resolución que, según ha adelantado el Supremo, impone también a Álvaro García Ortiz el pago de una indemnización de 10.000 euros por daños morales a la pareja de la presidenta madrileña, Alberto González Amador, y el abono de las cosas procesales del juicio.

Búsqueda de relevo

El Gobierno ha expresado este jueves su respeto a la decisión del Tribunal Supremo, aunque no la comparte, y ha anunciado que pondrá en marcha su relevo en los próximo días.

Asegura que en los próximos días se pondrá en marcha el proceso de nombramiento de un nuevo fiscal general del Estado, que garantiza que será una persona del máximo prestigio profesional en el ámbito del Derecho. De la misma forma, el Gobierno ha expresado su reconocimiento a la labor desempeñada por García Ortiz "en defensa de la ley y la verdad" en su etapa al frente de la Fiscalía General del Estado.

Cómo se elige un FGE

El artículo 124.2 de la Constitución establece que el Fiscal General del Estado será nombrado por el rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El nombramiento está a su vez regulado en la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que en su artículo 29 establece además que el fiscal general del Estado será elegido entre juristas españoles de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión.

También recoge que no podrá ser propuesto para el cargo quien en los cinco años anteriores haya sido nombrado titular de un Ministerio, de una Secretaría de Estado o de una Consejería de un Gobierno autonómico, ni quien haya sido elegido titular de la Presidencia de una Corporación local o haya tenido la condición de diputado, senador, o miembro del Parlamento Europeo o de una Asamblea legislativa de una Comunidad Autónoma.

Si el nombramiento de fiscal general recayese sobre un miembro de la carrera fiscal quedará en situación de servicios especiales, como ha sido el caso de García Ortíz, fiscal de carrera.

Recibido el informe del CGPJ, que no es vinculante, el Gobierno comunicará su propuesta al Congreso de los Diputados para que señale la comparecencia de la persona elegida ante la Comisión correspondiente de la Cámara, a los efectos de que se puedan valorar los méritos e idoneidad del candidato propuesto.

Tras jurar el cargo, comenzará el mandato de cuatro años y únicamente podrá cesar antes de que concluya dicho mandato por cinco motivos: a petición propia, por incurrir en alguna de las incompatibilidades o prohibiciones establecidas en esta Ley, en caso de incapacidad o enfermedad que lo inhabilite para el cargo, por incumplimiento grave o reiterado de sus funciones, y cuando cese el Gobierno que lo hubiera propuesto.