Las organizaciones agrarias ASAJA de Ávila, Segovia y Valladolid han denunciado la grave situación que atraviesan los productores de cereal en Castilla y León y en el conjunto de España. Señalan que la entrada masiva de grano procedente del extranjero, principalmente de Ucrania, está provocando un desplome en los precios de origen y poniendo al borde de la quiebra a miles de explotaciones familiares. Mientras tanto, acusan al Ministerio de Agricultura y a la Consejería autonómica de mantener una actitud pasiva frente a lo que consideran una crisis sin precedentes en fronteras y mercados.

España se ha consolidado como el país europeo que más cereal ucraniano recibe. Solo en 2024 se importaron más de 10 millones de toneladas tras la eliminación de los aranceles acordada en Bruselas para favorecer a Ucrania. Este volumen, según ASAJA, no solo ha hundido los precios nacionales, sino que también ha saturado los puertos y ha desbordado la capacidad de control de las autoridades.

La organización recuerda que ya en 2023 la Comisión Europea tuvo que intervenir en países como Bulgaria, Hungría, Polonia, Rumanía y Eslovaquia, que recibieron ayudas extraordinarias para compensar el impacto de las importaciones. Subrayan que si se aplicaron medidas excepcionales para esos Estados, España debe contar ahora con un trato equivalente. Incluso apuntan que algunos gobiernos, como los de Polonia y Hungría, llegaron a aprobar actuaciones propias, lo que demuestra que, cuando hay voluntad política, existen soluciones.

ASAJA insiste en que no se puede permitir la competencia desleal que supone la entrada de cereal producido bajo condiciones fitosanitarias, ambientales y laborales mucho menos estrictas que las exigidas en la Unión Europea. Consideran que esta situación está depreciando el producto nacional y amenazando directamente la continuidad de las explotaciones. Por ello, reclaman al Ministerio controles exhaustivos en puertos y fronteras para evitar la entrada de grano que incumpla la normativa, así como la aplicación rigurosa de la Ley de la Cadena Alimentaria por parte de la Junta de Castilla y León para impedir ventas por debajo de los costes de producción.

En este sentido, las organizaciones provinciales plantean un paquete de medidas urgentes: controles fitosanitarios reforzados en las fronteras, cumplimiento estricto de la Ley de la Cadena Alimentaria con sanciones ejemplares, un plan de ayudas directas al cereal español como el que recibieron en 2023 Polonia y Hungría, y la convocatoria inmediata de una mesa de crisis con todos los actores del sector para articular mecanismos de estabilización de precios, almacenamiento y valorización.

ASAJA advierte que, sin una actuación inmediata del Gobierno de España y de la Unión Europea, el futuro del cereal en Castilla y León corre serio peligro. A su juicio, la inacción actual no solo agrava la crisis económica del sector, sino que pone en riesgo la soberanía alimentaria, la conservación del territorio y el tejido social y económico de las zonas rurales.

La situación, aseguran, es tan crítica que muchos agricultores se plantean directamente no sembrar en la próxima campaña, dado que los números no cuadran. "Si nada cambia en las próximas fechas, recomendaremos a los agricultores que no siembren", señalan desde la organización.