La Junta de Castilla y León abrió 199 expedientes a establecimientos y particulares por incumplir la ley antitabaco durante 2024, de los que 182 terminaron en multa, lo que indica que las sanciones se han disparado casi un 55 por ciento en un año, ya que en todo 2023 se tramitaron 118.

Valladolid acaparó con 89 casi la mitad de estas sanciones frente a las 30 de un año antes. Le siguen de lejos las provincias de Zamora (18 en el 2024 frente a las 8 del 2023); Palencia y Ávila, con 17 multas registradas en cada una de ellas frente a 21 y 2 en 2023; Salamanca (15 frente a 28); Segovia (11 frente 0); Burgos (9 frente a 14); y Soria (6 frente a 15). León no anotó ninguna ni en 2024 ni en 2023.

Los datos facilitados a EFE por la Consejería de Sanidad exponen que 25 de los 44 procedimientos graves (entre 600 y 10.000 euros) han recaído en hosteleros que han permitido fumar en sus locales (o al menos, no lo han evitado) o bien carecían de autorización administrativa para la venta de cigarrillos, cuyo consumo -según los datos del Comisionado para el Mercado de Tabacos- ha descendido en la Comunidad un 0,04% por ciento ( de 108.814.533 a 108.776.084 cajetillas) en 2024.

No obstante, las sanciones de carácter leve (entre 30 y 600 euros), un total de 138 en 2024, fueron interpuestas en una gran mayoría de los casos a quienes fumaron en lugares vetados -algunos de ellos de especial protección como los centros sanitarios y educativos- o fuera de las zonas habilitadas a tal efecto.

En este sentido, fumar donde está prohibido se considera una falta menor siempre que no se repita tres veces. El resto de multas leves están relacionadas con el consumo, venta, publicidad y suministro del tabaco. Así, la carencia de mecanismos de activación en máquinas expendedoras desembocó en 13 sanciones incoadas, nueve llevadas a efecto.

Además, si el hostelero no informa en carteles visibles de la prohibición de venta de tabaco a menores de 18 años también puede ser sancionado. Del mismo modo que si las máquinas expendedoras no cuentan con la preceptiva advertencia sanitaria. Un capítulo que ha conllevado otras nueve penalizaciones.

En los dos últimos años, según se desprende de las estadísticas recogidas por EFE, no se ha anotado ninguna conducta o comportamiento transgresor muy grave, es decir, por promoción y patrocinio del tabaco; una infracción de envergadura que se puede llegar a pagar con 600.000 euros y nunca con menos de 10.000.

La Junta de Castilla y León ha intensificado sus esfuerzos para garantizar el cumplimiento de la legislación en materia de tabaco durante 2024, con un total de 3.369 inspecciones realizadas en el conjunto de la Comunidad. Estas actuaciones se han llevado a cabo principalmente de oficio, sin necesidad de denuncia previa.

Entre las provincias con mayor número de inspecciones destacan León (795) y Burgos (579). Le siguen Soria (384), Palencia (372), Segovia (345), Valladolid (332), Ávila (303), Salamanca (186) y Zamora (73).

Este 2025 se cumplirán 15 años de la entrada en vigor de la Ley 42/2010, de 30 de diciembre. Una normativa que vino a endurecer la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, conllevando, a partir del 2 de enero de 2011, la prohibición de fumar en bares, restaurantes y otros locales de ocio y desatando un gran impacto mediático con el 'destierro' a los ceniceros.

El malestar de los hosteleros con el endurecimiento de la ley antitabaco se agravó porque muchos venían de hacer importantes inversiones obligados por la normativa de 2005 que imponía la creación de espacios sin humos.

La nueva normativa antitabaco que prepara el Gobierno, y cuyo borrador podrá "ver la luz pronto", no permitirá fumar en vehículos de uso laboral, en centros docentes, incluyendo sus espacios al aire libre, como los patios de los institutos o los campos universitarios.

Además quedarán libres de humo las instalaciones deportivas, las piscinas de uso colectivo, las marquesinas de los autobuses y zonas de ocio al aire como las salas de fiestas exteriores. Y también prohibirá fumar en las terrazas.