En su primera comparecencia casi un mes después de los incendios forestales más devastadores, asegura que "se pusieron todos los medios disponibles·
Centenares de personas se manifiestan en Valladolid contra las macrogranjas y las plantas de biogás
Los organizadores sostienen que el modelo actual de ganadería industrial pone en riesgo el medioambiente y el futuro del sector agrícola y ganadero
El recorrido comenzó a las 11:30 horas en la Plaza Colón y concluyó en la Plaza Mayor, donde se leyó un manifiesto en defensa del mundo rural y sus habitantes. Vecinos de diversas localidades de Castilla y León afectadas por estos proyectos se desplazaron en autobuses y vehículos particulares para sumarse a la marcha. Además de denunciar la proliferación de macrogranjas, los asistentes expresaron su rechazo a la expansión "desmedida" de parques eólicos y solares.
Los organizadores sostienen que el modelo actual de ganadería industrial pone en riesgo el medioambiente y el futuro del sector agrícola y ganadero en la región. "El desarrollo de estas macroinstalaciones conlleva impactos ambientales graves, como la contaminación de suelos y aguas por nitratos, la emisión de gases de efecto invernadero y el deterioro de los ecosistemas", advirtieron. También señalaron que esta situación supone una "competencia desleal" para la ganadería extensiva, clave para la sostenibilidad del medio rural.
Luis Ferreirim, responsable de ganadería en Greenpeace, subrayó la necesidad de un modelo que respete el medioambiente, fomente la biodiversidad y garantice el bienestar animal. "Sin naturaleza, no hay futuro para la agricultura. Es urgente apostar por modelos agroecológicos sostenibles y modificar la normativa para proteger la vida en los pueblos", afirmó.
Izquierda Unida, que respaldó la protesta, criticó la falta de debate sobre la implantación de estas infraestructuras en el territorio. "Las empresas parecen decidir el futuro del campo mientras los políticos del PP aceptan cualquier inversión sin considerar su impacto", señalaron. También acusaron al consejero de Medio Ambiente, Suárez Quiñones, de actuar más como "comercial de una gran empresa de biogás" que como defensor de los intereses de la comunidad.
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