Las principales medidas del Gobierno para aliviar los problemas de acceso a la vivienda tendrán que esperar. Los dos decretos aprobados por el Ejecutivo para proteger a inquilinos y facilitar el acceso a una casa no se debatirán esta semana en la Diputación Permanente del Congreso, el órgano que asumirá determinadas funciones parlamentarias tras la disolución de las Cortes por la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre.

El calendario deja en suspenso unas normas que afectan tanto a quienes viven de alquiler como a las personas que buscan comprar su primera vivienda. Aunque ambos textos comparten parte de su contenido, su futuro parlamentario es diferente: el primero cuenta con posibilidades de ser convalidado, mientras que el segundo afronta una mayoría contraria. La diferencia está en la posición del PNV, que ha confirmado su apoyo al decreto general de vivienda, pero mantiene su rechazo al texto que pretende prolongar la permanencia de los inquilinos en sus casas cuando vencen sus contratos.

La votación deberá celebrarse dentro del plazo de un mes desde la aprobación de los decretos. El Gobierno recuperó ambas iniciativas después de que el Congreso rechazara el pasado 2 de octubre versiones prácticamente idénticas, con los votos en contra del PP, Vox y Junts en el primer caso, y también del PNV en el segundo.

Límites al alquiler y protección frente a los desahucios

El decreto con más opciones de salir adelante reúne un amplio paquete de medidas para contener el coste de la vivienda y reforzar la protección de los hogares vulnerables.

Una de sus principales disposiciones es la ampliación hasta el 31 de diciembre de 2030 de la protección frente a determinados desahucios cuando las personas afectadas se encuentren en situación de vulnerabilidad y no dispongan de una alternativa habitacional. El texto contempla, además, la suspensión obligatoria en los supuestos previstos cuando los propietarios sean grandes tenedores considerados fondos de inversión especulativa. En el mercado del alquiler, la norma establece límites a las actualizaciones de las rentas y contempla una prórroga extraordinaria de hasta dos años para determinados contratos que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028. En concreto, las actualizaciones de los contratos que ya superen el máximo que les corresponda según el sistema estatal de índices de referencia quedarían congeladas hasta finales de 2027, mientras que para el resto se fija un límite del 2 %.

Según las estimaciones del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, la prórroga podría afectar a cerca de 1,9 millones de contratos y beneficiar a unos cinco millones de personas. El decreto también pretende cerrar vías para eludir las garantías del alquiler residencial mediante contratos de temporada o por habitaciones. A ello se suman restricciones a determinadas compras especulativas de vivienda hasta 2030, cambios fiscales para las socimis y un IVA del 10 % para los pisos turísticos.

Préstamos al 0% para comprar la primera vivienda

El paquete incluye medidas fiscales para inquilinos con ingresos inferiores a unos 33.000 euros, así como incentivos para los propietarios que reduzcan o moderen los precios de sus alquileres. Otra de las iniciativas destacadas es el programa Tu Casa, una línea de préstamos públicos al 0 % destinada a facilitar la compra de la primera vivienda a hogares con ingresos suficientes para afrontar una hipoteca, pero sin los ahorros necesarios para pagar la entrada.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció esta semana una dotación de 10.000 millones de euros para esta línea de financiación. El decreto incorpora asimismo actuaciones para ampliar la oferta de vivienda asequible, reforzar el parque público y facilitar la incorporación de nuevos inmuebles a Casa 47. También prevé reducir al 4 % el IVA de la construcción de vivienda de promoción pública y protegida. La aplicación de todas estas medidas dependerá, sin embargo, de que el decreto consiga el respaldo parlamentario necesario para mantenerse en vigor.

El decreto de los alquileres prolongados se queda sin apoyos suficientes

El futuro del segundo texto, conocido como 'decreto Maricarmen', es más incierto. Su objetivo es permitir que determinados inquilinos permanezcan en sus viviendas durante cinco o siete años adicionales cuando finalicen sus contratos, además de establecer compensaciones en los supuestos contemplados si el propietario decide no renovarlos.

La iniciativa se separó del decreto general para facilitar la aprobación de este último, pero la fórmula no logró el respaldo necesario en el Congreso. Ahora, la negativa anunciada por el PNV complica de nuevo su convalidación. El texto tiene prevista su entrada en vigor el 15 de noviembre, según la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), aunque su continuidad dependerá de la decisión parlamentaria. La denominación de la norma está vinculada al caso de Maricarmen, cuya situación de desahucio desencadenó movilizaciones en defensa del derecho a la vivienda. Su fallecimiento en el hospital esta semana ha intensificado la repercusión pública del caso y las reivindicaciones de las organizaciones de inquilinos.

El Sindicato de Inquilinas reclama que se mantengan las medidas de protección y las compensaciones previstas para quienes se enfrentan al final de sus contratos. Las protestas han desembocado también en la convocatoria de una huelga general para el próximo 11 de noviembre.

Un mes decisivo para las medidas de vivienda

La Diputación Permanente tendrá que pronunciarse sobre los dos decretos antes de que expire el plazo legal. La votación determinará si las medidas continúan vigentes o quedan derogadas. El escenario apunta a dos desenlaces distintos: el paquete general de vivienda cuenta con los votos necesarios si se mantiene el respaldo del PNV, mientras que la norma sobre la prolongación de los alquileres no parece disponer de una mayoría favorable.

De este modo, las ayudas a la compra, los límites a las subidas del alquiler y las medidas contra los desahucios quedan pendientes de una decisión parlamentaria, al mismo tiempo que el futuro de las prórrogas extraordinarias de los contratos se enfrenta a un bloqueo político que amenaza con dejar fuera una de las principales reivindicaciones del movimiento de inquilinos.