Las cárceles de Castilla y León llegan a la festividad de la Virgen de La Merced con una fotografía marcada por el aumento de la presión sobre los centros penitenciarios. La Comunidad cuenta con 5.235 personas privadas de libertad, pero el principal problema que señalan los sindicatos no está únicamente en el número de internos, sino en la falta de trabajadores para atender una población cada vez más heterogénea y conflictiva.

Los datos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, correspondientes al 4 de septiembre, permiten dibujar el mapa de las prisiones de Castilla y León. De los 5.235 internos, 535 se encuentran en prisión preventiva y 4.700 cumplen condena. Una población que no se corresponde exclusivamente con la delincuencia generada en la Comunidad, ya que sus centros reciben también presos procedentes de otros territorios, entre ellos Madrid y el País Vasco.

La mayor concentración se encuentra en tres establecimientos. Topas, en Salamanca; Mansilla de las Mulas, en León; y La Moraleja, en Palencia, reúnen por sí solos 3.659 internos, cerca del 70% del total regional. Es precisamente en estos centros donde los sindicatos sitúan buena parte de los problemas de convivencia y de falta de personal.

Tres cárceles que soportan la mayor presión

Topas cuenta con 1.268 internos, Mansilla de las Mulas con 1.227 y La Moraleja con 1.164. El volumen de población convierte a estas tres prisiones en el principal termómetro de la situación penitenciaria de Castilla y León. En Mansilla de las Mulas, ACAIP-UGT advierte de una situación especialmente delicada. Félix Alonso considera que el centro se encuentra al límite y habla incluso de riesgo de 'colapso' por la falta de trabajadores y la dificultad para garantizar el relevo generacional.

El problema no es únicamente que lleguen más internos, sino también el perfil de algunos de ellos. Jesús Crego explica que muchos son clasificados inicialmente en segundo grado, aunque presentan comportamientos más conflictivos y perfiles muy diferentes entre sí. El resto de prisiones de la Comunidad presenta una presión menor. Valladolid cuenta con 493 internos, Burgos con 361, Segovia con 350 y Soria con 310, mientras que Ávila, el único centro penitenciario femenino de Castilla y León, tiene 62 presas.

El desequilibrio entre población reclusa y trabajadores es uno de los principales motivos de preocupación de las organizaciones sindicales. ACAIP y UGT sitúan en 558 las plazas de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que permanecían sin cubrir en julio de 2026. Son 558 vacantes sobre un total de 2.994 puestos, lo que supone el 18,70% de la plantilla prevista.

Los sindicatos relacionan esta falta de efectivos con las dificultades para controlar las situaciones conflictivas que se producen en el interior de las prisiones. Paco Herrero sostiene que una mayor presencia de funcionarios permitiría prevenir determinados enfrentamientos y mejorar la capacidad de respuesta ante los incidentes.

A esta situación se añade el envejecimiento de parte de las plantillas. Las jubilaciones de trabajadores incorporados principalmente a finales de los años ochenta han reducido, según CSIF, el número de efectivos disponibles y han generado un problema de relevo que no estaría siendo compensado suficientemente por las nuevas incorporaciones.

Más agresiones y lesiones entre los funcionarios

La conflictividad tiene también una traducción directa en las cifras de agresiones a trabajadores penitenciarios. Según los datos aportados por CSIF, en lo que va de año se han contabilizado alrededor de 15 lesiones graves a funcionarios, 270 lesiones leves y 240 agresiones sin lesiones. A estos episodios se suman, según el sindicato, numerosos insultos y amenazas.

La presión no afecta por igual a todos los centros. La mayor concentración de presos en Topas, Mansilla y La Moraleja hace que estas tres prisiones soporten una parte especialmente importante de la actividad penitenciaria de la Comunidad.

La falta de trabajadores no se limita a los funcionarios de vigilancia. La atención sanitaria aparece como otro de los grandes puntos débiles del sistema penitenciario autonómico, especialmente en el ámbito médico.

Los datos de ACAIP-UGT apuntan a 45 plazas médicas vacantes de las 52 contempladas en la RPT, lo que representa el 86,54% de los puestos. Para CCOO, esta carencia está teniendo consecuencias sobre la asistencia cotidiana. Jesús Crego sostiene que la falta de médicos está haciendo que la atención primaria pierda peso dentro de las prisiones y que se prioricen las urgencias o la derivación de internos a hospitales externos. La situación adquiere una dimensión todavía más compleja cuando se trata de problemas de salud mental.

Salud mental, adicciones y nuevas drogas

Los representantes sindicales coinciden en señalar la salud mental como una de las cuestiones que más preocupan actualmente en las prisiones. El incremento de las adicciones, los cambios en los patrones de consumo y la aparición de nuevas sustancias están añadiendo dificultades a un sistema sanitario que ya arrastra falta de profesionales.

Entre las nuevas formas de consumo mencionadas por los sindicatos aparece el denominado 'papel de Holanda', cartas o papeles impregnados con sustancias estupefacientes que pueden introducirse en los centros penitenciarios. Los sindicatos advierten del impacto que tiene el trabajo penitenciario sobre los propios funcionarios, sometidos durante años a situaciones de tensión, conflictos y contacto permanente con una realidad compleja. Herrero señala que algunos trabajadores acusan con el paso del tiempo el desgaste de una profesión que, por sus características, puede resultar especialmente exigente.

La fotografía de las cárceles de Castilla y León deja así varios frentes abiertos: más de 5.200 internos, casi un 19% de las plazas de la plantilla sin cubrir, graves carencias médicas y un aumento de las agresiones denunciadas por los sindicatos. Una combinación que coloca a los centros con mayor población, especialmente Topas, Mansilla de las Mulas y La Moraleja, en el centro de las reivindicaciones de los trabajadores penitenciarios.

Fuente: EFE