El alcalde de El Espinar, Javier Figueredo, ha declarado que espera que la CHD cumpla el plazo para, antes de finalizar septiembre, publicar el informe técnico en el que se indique el estado de la presa de El Tejo y qué solución se propone con la infraestrutura.

Figueredo ha advertido que el Ayuntamiento "continúa a la espera del informe que el Ministerio para la Transición Ecológica, a través de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), se ha comprometido a entregar antes de que finalice septiembre". Según ha explicado, no cree que el documento llegue directamente al Consistorio, sino que "será el propio ministerio quien lo haga público", aunque ha asegurado que, en cuanto lo reciba, lo trasladará a los vecinos "para que conozcan la situación de la presa del Tejo y la solución prevista".

Figueredo ha recordado que la CHD vació el embalse de El Tejo y "retiró 1,2 hectómetros cúbicos de agua", una decisión que, en un año especialmente seco, "ha agravado el desabastecimiento en El Espinar, Segovia capital, Revenga y otras localidades de la provincia". El regidor ha subrayado que, sumando la población de El Espinar y de los núcleos situados en el piedemonte entre El Espinar y Segovia, "se alcanza casi la mitad de los habitantes de toda la provincia", por lo que ha reclamado a la CHD que "asuma inversiones para potabilizar y comprar agua", en lugar de, según ha afirmado, "desentenderse del problema que ha generado".

El alcalde también ha respondido a las críticas del PSOE, hechas durante las semanas de verano, que denuncian pérdidas de agua por fugas en las conducciones municipales, y acusan al consitorio espinariego de eludir su responsabilidad en el suministro. Figueredo ha rechazado esas acusaciones y ha exigido que "quien las sostenga las respalde con un informe técnico que precise dónde se producen las fugas, en qué cantidad y de qué forma". El regidor ha explicado que la red municipal "está renovada casi en su totalidad, salvo un tramo en el núcleo urbano, y que cuenta con contadores para controlar el consumo". Asimismo, ha precisado que la competencia municipal "se limita al suministro en baja, es decir, la distribución del agua hasta los vecinos desde el depósito de Gudillos", mientras que el suministro en alta, el abastecimiento hasta ese depósito, corresponde a la Administración estatal, motivo por el que ha acusado a la CHD de "intentar trasladar al Ayuntamiento costes de una infraestructura que no es municipal".

El regidor ha calificado de "caótico" el último año en materia hídrica, al recordar que se han tenido que cortar riegos y limitar el suministro a piscinas municipales para garantizar el abastecimiento hasta octubre. Ha atribuido esa situación a la dejadez de otras administraciones, en contraste con el comportamiento de la Junta de Castilla y León, que según ha explicado, desde el primer momento "aportó fondos al municipio tras las inundaciones sufridas en sus carreteras y también ha colaborado en la compra de agua durante la crisis actual".

Sobre la reparación de la presa, Figueredo ha estimado que su coste superará los 30 millones de euros y ha reclamado que sea el Estado quien lo asuma, al tratarse de una infraestructura estatal. Ha explicado que el proceso pasaría primero por licitar un proyecto de ingeniería, con un plazo estimado de entre 15 y 18 meses, y posteriormente por licitar y ejecutar la obra, con una duración adicional de más de tres años, lo que situaría el plazo total en torno a cinco o seis años. El alcalde ha apuntado que la normativa impide dejar en desuso una infraestructura de este tipo sin demolerla, y que la distancia y orografía hasta la presa, situada a más de 12 kilómetros del municipio, encarecería mucho una demolición, por lo que ha considerado más probable que se opte por su reparación, lo que además permitiría ampliar la capacidad de abastecimiento de El Tejo, que puede incrementar la altura del muro de la presa durante la reparación de éste.

Finalmente, Figueredo ha destacado el comportamiento de los vecinos durante las restricciones, con "solamente unas 80 sanciones impuestas en un municipio de más de 35.000 habitantes, la mayoría a población flotante no residente". Ha recordado que el Ayuntamiento mantiene actualmente tres potabilizadoras portátiles, con un coste superior al millón de euros anuales, gasto que ha reclamado que asuman "las administraciones responsables de la crisis".