El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha dado luz verde al proyecto de modificación del decreto que regula las autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en la Comunidad, con el objetivo de simplificar los trámites para la instalación de puntos de recarga pública de vehículos eléctricos y plantas de autoconsumo destinadas a viviendas y pequeñas empresas.

La Junta estima que la simplificación afectará a más de 5.000 instalaciones de autoconsumo que se tramitan anualmente en Castilla y León. En concreto, los datos correspondientes a 2025 apuntan a unas 5.000 instalaciones de menos de 100 kilovatios (kW) y alrededor de 25 instalaciones de entre 100 y 500 kW cada año. Estas cifras podrían aumentar como consecuencia del "efecto incentivador" que genere la reducción de los trámites administrativos, según han explicado desde el Ejecutivo regional.

Este cambio permitirá reducir las autorizaciones necesarias para determinadas instalaciones eléctricas, que hasta ahora debían contar con autorización administrativa previa, de construcción y de explotación para su puesta en funcionamiento, así como para las ampliaciones o modificaciones de las ya existentes.

Una de las principales novedades afecta a las instalaciones de distribución y a las de producción de hasta 500 kilovatios (kW) de potencia. Las modificaciones necesarias para conectar nuevos suministros podrán obtener directamente la autorización de explotación, sin necesidad de solicitar previamente las autorizaciones administrativa previa y de construcción, siempre que no estén sometidas a evaluación de impacto ambiental, cuenten con los acuerdos necesarios con los particulares afectados y dispongan de los informes favorables de las administraciones y empresas de servicios de interés general correspondientes, según informa Ical.

La segunda medida se dirige a las instalaciones de distribución de baja tensión y a las instalaciones de producción de hasta 100 kW asociadas a autoconsumo y conectadas a redes de distribución de baja tensión. En estos casos, y siempre que se cumplan los requisitos establecidos, la autorización de explotación podrá acreditarse únicamente mediante la certificación reglamentaria debidamente registrada ante el órgano competente.

Castilla y León ocupa el primer puesto entre las comunidades autónomas en el indicador de infraestructuras de recarga eléctrica de vehículos, con 23,7 puntos sobre 100, según el último Barómetro de Electromovilidad de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC), correspondiente a junio de 2026.

En la actualidad, Castilla y León cuenta con 3.659 puntos de recarga de acceso público, de los que 470 superan los 250 kW de potencia y están considerados de alta potencia, con unos tiempos de recarga más próximos a los de repostaje de los vehículos de combustión.