Vox mete prisa al PP para firmar el acuerdo de gobierno en Castilla y León. "Por nosotros en 24 horas", ha asegurado el portavoz de Vox, José Antonio Fúster, que ha retado a los populares a firmar cuanto antes. 

Con una única reunión 'pública' celebrada y con la herencia de su gobierno de coalición y posterior ruptura como principales particularidades en esta negociación, Fúster ha expresado en una rueda de prensa que hay que preguntar "en Valladolid o en Génova -la sede nacional del PP-" para conocer los tiempos de este acuerdo y ver si aplican alguna "táctica" dilatoria "inmisericorde".

No hay a la vista reunión alguna convocada, aunque fuentes de ambos partidos reconocen a EFE que los trabajos siguen bajo el manto de la discreción, con la intervención directa de las direcciones nacionales, tal y como ha ocurrido en Extremadura y Aragón.

Precisamente la culminación de las conversaciones en Extremadura y Aragón sitúan ahora el foco en lo que ocurra en Castilla y León, con los mismos interlocutores y casi con la certeza de que el final puede ser el mismo.

Así lo han evidenciado sus portavoces tras alcanzar un acuerdo para que el PP presida las Cortes de Castilla y León, en la persona de Francisco Vázquez, actual secretario autonómico del PP, y que despejó las dudas que pudiera haber sobre lo avanzado de las conversaciones.

Con los principios generales basados en los acuerdos de Extremadura y Aragón, que se prevé sean idénticos en Castilla y León en asuntos como la introducción del concepto de la 'prioridad nacional' en el acceso a ayudas de vivienda y de otros servicios sociales o en fiscalidad, el matiz en este futuro acuerdo puede venir por algunos de los temas que quedaron pendientes en la gestión común de PP y Vox en la anterior legislatura, recoge Efe. 

Memoria Democrática

El paradigma de esta situación radica en la posible derogación del Decreto de Memoria Histórica y Democrática de Castilla y León, que fue aprobado en el último mandado del popular Juan Vicente Herrera y que ya fue objeto de una proposición de ley de Concordia que PP y Vox pactaron y presentaron conjuntamente en la anterior legislatura.

Al contrario de lo que ocurría en otras autonomías, en el caso de Castilla y León la normativa no había sido aprobado por gobiernos del PSOE, sino que el decreto tenía el sello del PP, lo que dificultaba la argumentación.

Sin embargo, la proposición de ley que pretendía derogarlo entró en el Parlamento y siguió su tramitación hasta que la ruptura del Gobierno de coalición cambió el escenario.

Tras ese momento, el PP renegó de la proposición de ley que había pactado con Vox y votó en contra de su tramitación definitiva, lo que generó un gran enfado en la formación de Santiago Abascal.

Sindicatos y patronal

Algo similar ocurre con las ayudas a los sindicatos y la patronal, ya que cuando Vox dirigía la Consejería de Industria, Comercio y Empleo planteó estas subvenciones como caballo de batalla político, hasta el punto de que los sindicatos llevaron a los tribunales la reducción aplicada.

Ya sin Vox en el Ejecutivo, con el PP en solitario, la Junta normalizó sus relaciones con los agentes sociales y recuperó las ayudas que habían sido impugnadas, bajo el argumento de cumplir las resoluciones judiciales y preservar el Diálogo Social en Castilla y León, que tiene este principio incluido en su Estatuto de Autonomía.

Está por ver cómo articulan PP y Vox esta parte de la negociación, dado que fue objeto de numerosos encontronazos en la parte final de la legislatura anterior, con reproches mutuos sobre lo gestionado antes y después de la ruptura.

'Pasaporte de vuelta' y 'prioridad nacional'

En una Comunidad marcada por la despoblación y el envejecimiento como Castilla y León, la Junta ha articulado en los últimos años ayudas para favorecer el asentamiento de población, entre ellas unas que se denominan 'Pasaporte de vuelta', dirigidas a oriundos de Castilla y León que hayan estado viviendo en el extranjero u otra autonomía española.

De replicarse en Castilla y León el principio introducido por PP y Vox en sus acuerdos anteriores sobre la denominada 'prioridad nacional' podría darse el caso de que un nacido en Castilla y León y residente en otra autonomía pueda aspirar a este tipo de ayudas del 'Pasaporte de vuelta' -hasta 5.500 euros- por llevar al menos 2 años empadronado fuera y a la vez quedar excluido de las ayudas para el acceso a la vivienda precisamente por no haber estado empadronado en Castilla y León en los últimos 10 años.