Castilla y León recibirá más de 13 millones de euros para la lucha contra la violencia de género en 2026, según el acuerdo alcanzado este miércoles en la Conferencia Sectorial de Igualdad entre el Ministerio de Igualdad y la Comunidades Autónomas.

La distribución forma parte de un reparto global de 179,8 millones de euros aprobado tras la autorización del Consejo de Ministros y conforme a los criterios fijados por este órgano de cooperación entre administraciones, ha informado en un comunicado la Delegación del Gobierno en Castilla y León y recoge Efe. 

Del total asignado a Castilla y León, la mayor parte, 11,8 millones de euros, se destinará al desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, dentro de una dotación estatal de 160 millones repartida entre comunidades autónomas.

Estos fondos permitirán financiar programas orientados a la prevención y lucha contra la violencia machista, así como mantener y reforzar la red de recursos y servicios públicos destinados a la protección, asistencia, apoyo, recuperación y reparación de las víctimas.

El objetivo de esta línea de financiación es garantizar la continuidad de las políticas públicas derivadas del Pacto de Estado y "asegurar una respuesta integral, eficaz y coordinada" de las distintas administraciones con competencias en la materia.

Además, esta partida también contempla actuaciones de sensibilización y prevención, así como el refuerzo de la formación de los profesionales que trabajan con víctimas de violencia de género, con el fin de mejorar la respuesta institucional.

Por otra parte, Castilla y León recibirá 1,2 millones de euros adicionales para el desarrollo de programas y planes autonómicos dirigidos específicamente a víctimas de violencia de género y violencias sexuales.

Esta línea se integra en un fondo estatal de 19,8 millones de euros destinado a financiar distintas actuaciones a lo largo de 2026, gestionadas a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

Entre los programas financiados se incluyen iniciativas para garantizar el derecho a la asistencia social integral de las mujeres víctimas y de sus hijos e hijas menores, así como proyectos orientados a mejorar la coordinación institucional mediante la implantación de planes personalizados de atención.

Asimismo, se contemplan medidas de apoyo a víctimas de agresiones sexuales y actuaciones dirigidas a la prevención de la explotación sexual, especialmente en el caso de menores tutelados