El grupo municipal VOX en el Ayuntamiento de Segovia ha registrado un pliego de alegaciones contra la Ordenanza Reguladora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la ciudad, en el que denuncia defectos de forma, errores normativos, falta de datos y posibles vulneraciones de derechos fundamentales de los ciudadanos, como la privacidad.

Las alegaciones están firmadas por la portavoz del grupo, Esther Núñez, bajo la dirección técnica del concejal y letrado Alfonso de Ceballos-Escalera.

Entre los problemas detectados, el texto señala referencias incorrectas a leyes vigentes que, según VOX, comprometen el principio de seguridad jurídica, por lo que solicitan que se revisen y corrijan todas las citas legales antes de que la ordenanza sea aprobada de forma definitiva.

El grupo también recuerda un antecedente relevante: el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anuló en su día la anterior ordenanza municipal sobre esta materia por no contar con un Plan de Movilidad Urbana Sostenible adecuado. Por ello, VOX exige que se acredite con rigor que el procedimiento actual sí cumple todos los requisitos legales.

Uno de los argumentos centrales de las alegaciones tiene que ver con la proporcionalidad de las restricciones previstas. El propio texto de la ordenanza, según indica VOX, reconoce que la calidad del aire en Segovia se encuentra en niveles 'buenos o regulares', sin que exista riesgo para la salud. Desde el grupo municipal consideran que este dato hace difícil justificar limitaciones permanentes y amplias a la circulación en el casco histórico sin una motivación sólida respaldada por datos objetivos.

En el plano técnico, las alegaciones critican que la ordenanza no define objetivos concretos y medibles de mejora de la calidad del aire, ni establece indicadores verificables, ni contempla medidas suficientes de fomento del transporte público y la movilidad alternativa, extremos que la normativa estatal sí exige.

Desde la perspectiva de los derechos de los ciudadanos, VOX advierte de posibles afecciones al derecho a la libre circulación, al libre ejercicio de actividades económicas y al principio de igualdad. El grupo señala que la ordenanza establece diferencias de trato entre residentes y no residentes, y puede limitar de forma arbitraria el acceso de visitantes a la zona regulada.

El texto de las alegaciones presta especial atención a dos colectivos. Por un lado, las personas con movilidad reducida, dado que la ordenanza no recoge una exención permanente para los vehículos que las transportan. Por otro, los ciudadanos con menor acceso a la tecnología: el sistema de autorizaciones previsto es exclusivamente telemático, sin que se garantice una alternativa presencial para quienes no puedan o no sepan realizar estos trámites por internet.

En materia de protección de datos, VOX alerta de las deficiencias del sistema de control mediante lectura automática de matrículas. Según el grupo, la ordenanza no regula aspectos esenciales como la evaluación del impacto sobre la privacidad, los plazos durante los que se conservarán los datos recogidos o los derechos que asisten a los ciudadanos afectados.

Desde el punto de vista económico, critican los plazos de adaptación previstos para profesionales, autónomos y empresas, que consideran insuficientes. También cuestionan que la Alcaldía pueda modificar aspectos clave de la ordenanza sin necesidad de aprobación en pleno, lo que a su juicio genera inseguridad jurídica.

Entre las propuestas concretas que plantea el grupo figuran la revisión completa del expediente, la ampliación de los periodos de transición, la eliminación de lo que consideran discriminaciones injustificadas, la garantía de accesibilidad universal, la habilitación de un canal presencial para realizar trámites y la definición de objetivos medibles tanto de calidad del aire como acústica.

En lo que respecta al régimen sancionador, VOX solicita con carácter principal su supresión y, de forma subsidiaria, su reformulación para incorporar criterios de proporcionalidad, una graduación de las sanciones y advertencias previas en los casos de infracciones no intencionadas.

Por último, el grupo reclama que toda la documentación técnica y jurídica que sustenta la ordenanza sea puesta a disposición pública, con el fin de garantizar la transparencia y el derecho de los ciudadanos a una participación informada en el proceso.