La Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Segovia ha autorizado en su reunión ordinaria mensual de marzo seis proyectos de mejora de las telecomunicaciones mediante la extensión de fibra óptica en el ámbito rural de la provincia.

La sesión, presidida por la delegada territorial de la Junta de Castilla y León, Raquel Alonso, ha dado el visto bueno al uso excepcional de suelo rústico necesario para llevar a cabo estas actuaciones, que afectan a cinco términos municipales.

Los proyectos se enmarcan en el programa de extensión de banda ancha de nueva generación, orientado a reforzar la cobertura de este servicio en las zonas rurales o con menor densidad de población. Las actuaciones autorizadas incluyen nuevas infraestructuras de telecomunicaciones para las localidades de Ceguilla, en el término de Aldealengua de Pedraza, y para Gallegos. Además, se ha aprobado la canalización de la infraestructura necesaria para interconectar varios núcleos de población cuyos trazados discurren por los términos de Casla, San Cristóbal de Segovia y Palazuelos de Eresma.

En el caso de Casla, la Comisión ha autorizado dos expedientes distintos: uno para la interconexión entre Casla y Sigueruelo, y otro para la conexión entre Las Casas Altas y Casla. En San Cristóbal de Segovia y Palazuelos de Eresma, el proyecto aprobado contempla la interconexión entre San Cristóbal y Tabanera del Monte.

En la misma sesión, la Comisión también ha autorizado el uso de suelo rústico para la instalación de dos nuevas estaciones base de telecomunicaciones, una en Ayllón y otra en Fuentepiñel. En ambos casos, las infraestructuras consistirán en una torre de celosía de 40 metros de altura, construida sobre una cimentación de tipo pozo, en cuya parte superior se instalarán los soportes para las antenas de los distintos operadores. Las parcelas estarán delimitadas por un muro perimetral de bloques de hormigón y malla metálica.

La autorización de este tipo de instalaciones en suelo rústico se ampara en la Ley General de Telecomunicaciones, que reconoce las redes públicas de comunicaciones electrónicas como equipamiento de carácter básico y considera su instalación y despliegue obras de interés general.