La Junta de Castilla y León ha activado medidas preventivas especiales ante el aumento del riesgo de incendios forestales, provocado por unas condiciones meteorológicas adversas en los próximos días, con baja humedad, fuertes vientos e inestabilidad atmosférica.

Según la previsión, se registrarán humedades relativas por debajo del 30 % y rachas de viento superiores a los 30 km/h, lo que incrementa notablemente la probabilidad de ignición y la rápida propagación del fuego, situando el riesgo por encima de la media habitual.

Ante este escenario, el operativo INFOCAL ha reforzado sus medios humanos y materiales. Se ha incrementado el personal de guardia, tanto de agentes medioambientales como de técnicos especializados, y se mantienen activas las cuadrillas helitransportadas, terrestres, autobombas y retenes de maquinaria.

Como medida inmediata, se han suspendido todas las autorizaciones de quema en monte y en terrenos rústicos situados a menos de 400 metros, incluyendo la quema de matorral, pastos o restos agrícolas y forestales. No obstante, se permiten las quemas de pequeños montones de restos vegetales en terrenos labrados, huertos y prados, siempre que se comuniquen con al menos 48 horas de antelación al Servicio Territorial de Medio Ambiente.

Asimismo, el lanzamiento de cohetes, globos o cualquier artefacto con fuego requerirá autorización expresa, mientras que no se han establecido restricciones adicionales para las labores agrícolas.

Desde la Administración autonómica se recuerda que durante todo el año están prohibidas prácticas como hacer hogueras, arrojar colillas o residuos inflamables, quemar rastrojos o encender fuego en áreas recreativas o de carretera, entre otras conductas que pueden desencadenar incendios.

La Junta ha hecho un llamamiento a la responsabilidad y colaboración ciudadana para extremar la precaución en actividades al aire libre y evitar cualquier comportamiento de riesgo. En caso de detectar un incendio, se recomienda avisar de inmediato al servicio de emergencias 112.

Además, se recuerda que las acciones negligentes pueden tener consecuencias graves tanto para el medio natural como para la seguridad de las personas, y pueden derivar en responsabilidades penales.