A cuatro de ellos les entregó contratos laborales en una misma empresa y les solicitó una autorización de residencia temporal por arraigo social que fue denegada. Según la resolución, no participó de modo personal en representación de los extranjeros en la tramitación de expedientes ni por vía web ni presencialmente en las oficinas de la Subdelegación del Gobierno. La condenada se negó a devolver el dinero.

El tribunal argumenta que fue precisamente la creencia por parte de los perjudicados de que la acusada era abogada y que podía conseguir contratos reales lo que determinó que le entregasen 2.000 euros, "cuya elevada cuantía no podía corresponder en modo alguno a la prestación de unos meros servicios de tramitación o gestión administrativa que cualquier gestoría podía proporcionar por una cantidad sensiblemente inferior".

Los magistrados añaden que existe base suficiente para concluir racionalmente que la acusada, proporcionando a los interesados datos falsos, engañó a los perjudicados para que le entregasen una importante cantidad de dinero, "de modo que se reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos para hablar de la comisión de un delito de estafa de los artículos 248 y 249 del Código Penal".

La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.