Todo comenzó con un socavón en la travesía de San Rafael, en la carreetera N-VI, cuyas coste de las obras de reparación -cerca de 580.000 euros- han abierto un conflicto entre el Ayuntamiento de El Espinar y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. El último capítulo, por ahora, es aprobación en el pleno del Ayuntamiento del municipio segoviano de una moción para declarar persona non grata al ministro Óscar Puente. 

El socavón se produjo en marzo de 2025 en la travesía de San Rafael y obligó a cortar durante varios días el tráfico en uno de los principales ejes de comunicación entre Madrid y el noroeste peninsular. El Ministerio acometió entonces las obras de emergencia y, posteriormente, reclamó al Ayuntamiento el coste de la intervención, al considerar que el origen del problema estaba relacionado con infraestructuras municipales, recoge EFE. 

La iniciativa ha salido adelante con los votos favorables del grupo municipal del PP, que gobierna el Consistorio con mayoría absoluta, y el rechazo del PSOE e Izquierda Unida, que han considerado la medida innecesaria y contraproducente para la defensa de los intereses del municipio.

El alcalde de El Espinar, Javier Figueredo, ha defendido durante el debate que la declaración responde al "malestar y la indignación" del municipio por la actitud del Ministerio en este asunto, al entender que la factura remitida al Ayuntamiento es "injusta, desproporcionada y carente de fundamento".

Según ha explicado, el Consistorio considera que la responsabilidad de las obras corresponde al Estado, al tratarse de una vía de titularidad estatal, y ha reiterado que no asumirá el coste de unos trabajos que, a su juicio, deberían ser financiados por el Ministerio de Transportes.

Figueredo ha añadido que, además del aspecto económico, la decisión también tiene un componente político e institucional, aludiendo a mensajes publicados por el ministro en redes sociales que, según ha señalado, "no contribuyen al respeto ni al entendimiento entre administraciones".

Desde el grupo socialista, recoge EFE, han criticado la declaración de persona non grata y la han calificado de "esperpento institucional", al entender que "no resuelve el problema y dificulta el diálogo con el Gobierno".

A su juicio, la vía adecuada para defender los intereses del municipio es "la negociación y, si procede, la vía judicial, no los gestos simbólicos".

Izquierda Unida se ha pronunciado en términos similares y ha advertido de que este tipo de decisiones "pueden aislar al Ayuntamiento" y perjudicar futuras relaciones con otras administraciones.

La declaración de persona non grata carece de efectos jurídicos y tiene un carácter exclusivamente simbólico, como expresión del rechazo político del pleno municipal a la actuación del ministro en este conflicto.

El Ayuntamiento mantiene abierto el proceso para impugnar la reclamación económica del Ministerio y no descarta acudir a los tribunales si no se alcanza un acuerdo, mientras reclama una solución que tenga en cuenta, según el equipo de gobierno, "la situación financiera del municipio y la responsabilidad real de cada administración".