Castilla y León está estudiando acciones judiciales contra el Gobierno de España para obligar a convocar la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente y aprobar el informe sexenal sobre el estado del lobo. Según la Junta, este documento sería favorable y permitiría a España enviarlo a la Unión Europea para flexibilizar la gestión del cánido en el norte peninsular.

El consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, explicó que los ataques del lobo a la ganadería en la región son ya preocupantes: 1.991 ataques en el primer semestre de 2025, que han provocado la muerte de 2.628 animales, siendo seis de cada diez bovinos. Si se mantienen estas cifras, el año cerraría con pérdidas similares a las de 2024, cuando murieron alrededor de 6.000 cabezas de ganado en la comunidad.

Suárez-Quiñones criticó que el Gobierno central no haya enviado todavía el informe, lo que bloquea cualquier medida de control de la especie. "Los ganaderos no quieren compensaciones económicas, quieren su ganado. Castilla y León necesita su ganado para mantener productos de calidad como la carne y los lácteos", afirmó.

El consejero recordó que la Junta ha trabajado previamente para que Europa permitiera la gestión del lobo mediante la modificación de la directiva y la inclusión de enmiendas en la Ley de Desperdicio Alimentario. Sin embargo, la directiva Hábitats obliga a que cada seis años se remita a la Comisión Europea un informe sobre el estado de conservación de la especie. En 2018, el Gobierno calificó al lobo como "en estado desfavorable", lo que bloquea la gestión pese a que el censo más reciente, publicado en 2024, indica que las manadas han pasado de 279 a 333, expandiéndose su territorio.

El consejero denunció que la convocatoria de la Conferencia Sectorial fue desconvocada por motivos políticos, impidiendo aprobar un informe que permitiría a las comunidades autónomas, sobre todo al norte y al sur del Duero, recuperar competencias de gestión de la especie. Además, criticó que los fondos comprometidos por el Ejecutivo para compensaciones y medidas preventivas, 20 millones de euros, solo se han entregado una vez en cuatro años.

"La situación es gravísima. Mientras el lobo siga formalmente en estado desfavorable, aunque no lo esté realmente, no se podrá actuar para controlar su población", concluyó Suárez-Quiñones.

Fuente: Ical