La Junta de Castilla y León prevé poner en marcha en unas semanas, a partir de enero, el Programa Tuya Alquila, presentado en marzo y que supondrá una especie de ayudas o "seguro universal" para vencer el "miedo" que pueden tener algunos propietarios para arrendar sus casas a precios asequibles. De esta forma, cubrirá tanto el pago de las rentas como posibles daños a cambio de que se alquilen, como máximo, al valor fijado para las viviendas protegidas.

En paralelo, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio tramita una reforma del decreto de 2013 del Programa de Fomento del Alquiler de la Comunidad con el objetivo de incrementar el número de viviendas que están disponibles en el mercado de alquiler, ya que reconoce que se han incrementado las dificultades para acceder a una casa.

De esta forma, el nuevo programa de la Junta se pondrá en marcha antes de que se haya aprobado el citado decreto, por lo que en un inicio no podrá beneficiarse de las mejoras que incorpora la reforma legal a la que todavía le quedan algunas fases de tramitación.

En concreto, la Junta prevé en su nuevo decreto acabar con la reducción de precios para beneficiarse de las medidas públicas, ya que se limitaba al 80% del valor de la vivienda protegida de ese municipio. El Ejecutivo autonómico prevé elevarlo hasta el 100% para equipararlo con el fijado para estas casas y que ha sido actualizado con la orden del pasado 10 de julio.

También se fijan unos ingresos mínimos y máximos de los arrendadores que parten de tres veces el Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) y llegan hasta 6,5 veces en función de los integrantes de la unidad familiar. De esta forma, se fijan a partir del límite recogido en las ayudas al alquiler para la población de mayor vulnerabilidad, que en su última resolución se acercó a los 21.000 beneficiarios.

Además, se aclara que los gastos correspondientes a suministros y servicios de los que disponga la vivienda, así como, en su caso, el cambio de titularidad, correrán a cargo del arrendatario. También se exige que el inquilino no puede haber estado sujeto a un procedimiento de desahucio por falta de pago ni haber causado "graves" desperfectos en alguna vivienda arrendada. Otras de las condiciones son empadronarse en la vivienda, no subarrendarla, ni permitir que residan personas que no figuren en el contrato y no tener parentesco de hasta el tercer grado con el propietario.

Finalmente, el nuevo decreto elimina la limitación incorporada en 2013 que exigía que las viviendas se ubicarán en municipios de población igual o superior a 5.000 habitantes. También se añaden la exigencia de seguro decenal -póliza que cubre daños estructurales graves- para las viviendas con menos de diez años y la garantía de operatividad de los servicios básicos -agua, electricidad y gas-.