El último Pleno de las Cortes de Castilla y León dejó una de esas imágenes que, más allá del ruido parlamentario, revelan la profundidad de las tensiones políticas que atraviesan la Comunidad. La derogación del decreto con el que la Junta pretendía reordenar el modelo de los bomberos forestales no solo fulminó una iniciativa que el Gobierno autonómico consideraba estratégica; puso en evidencia una alianza insólita por su composición: PSOE y Vox votando en el mismo sentido para tumbar la propuesta impulsada por el consejero Luis Miguel González Gago.

En el exterior del hemiciclo, mientras se desarrollaba el debate, una representación de bomberos y agentes medioambientales protestaba contra lo que consideraban un enfoque incompleto, insuficiente o engañoso de la reforma. Dentro, la política hacía su propio ejercicio de tensión entre discursos, intereses y posicionamientos tácticos.

La Junta defendía su iniciativa como un intento de estabilizar el operativo de incendios mediante la profesionalización de la figura del bombero forestal, la creación de un servicio permanente durante todo el año y la mejora de las condiciones laborales. Una propuesta que llegaba, además, en un contexto en el que la Comunidad sigue arrastrando incendios devastadores en los últimos veranos y un operativo marcado históricamente por la temporalidad, la subcontratación y la desigualdad de condiciones entre categorías.

Sin embargo, ni el relato técnico ni la urgencia institucional sirvieron para convencer a la mayoría parlamentaria. PSOE y Vox —en una coincidencia que desconcierta a sus propios electorados— unieron fuerzas en el rechazo. Lo hicieron por motivos distintos, pero con un efecto idéntico: dejar sin recorrido una reforma que, al menos sobre el papel, pretendía reforzar el servicio público y avanzar hacia una estructura más estable.

Cada grupo justificó su posición desde trincheras muy diferentes. El PSOE, acusando al Gobierno de improvisación, falta de diálogo real con los sindicatos y ausencia de garantías de consolidación laboral. Vox, alertando sobre el impacto económico y cuestionando la arquitectura funcional del nuevo modelo. Pero el resultado final —la destrucción del decreto y el regreso al punto de partida— convierte esta votación en uno de los gestos parlamentarios más llamativos de la legislatura.

Que dos fuerzas que representan polos ideológicos opuestos coincidan en un movimiento de tal calado obliga a preguntarse si el voto fue una expresión de principios o un cálculo estratégico en plena fase preelectoral. Porque en la práctica, esta pinza parlamentaria no solo bloquea la reforma: reabre un debate de fondo sobre la capacidad del Gobierno autonómico para ejecutar cambios estructurales en áreas especialmente sensibles.

Mientras en las Cortes se libraba la batalla política, en la calle se manifestaba un malestar distinto: el de los trabajadores del operativo forestal, que llevan años reclamando estabilidad, reconocimiento oficial y condiciones dignas. Sus protestas, coincidiendo con el Pleno, añadieron presión y simbolizaron la desconexión entre la narrativa institucional y la realidad de quienes se enfrentan al fuego cada verano.

La derogación del decreto no resuelve ese conflicto; al contrario, lo agrava. Deja en suspenso cualquier avance hacia un modelo más profesionalizado y devuelve al sector a un limbo en el que los compromisos se diluyen y las decisiones se aplazan.

El incendio político que ha estallado en torno a esta reforma tiene un componente que trasciende a la propia estructura del operativo: afecta a la percepción ciudadana sobre la capacidad de las instituciones para proteger un territorio especialmente vulnerable. Castilla y León, con su enorme superficie forestal y una población rural envejecida y dispersa, necesita una planificación seria, estable y dotada de recursos suficientes. Cualquier paso atrás —o simplemente cualquier paralización— no es neutro: debilita la capacidad de respuesta y erosiona la confianza en quienes deben garantizar la seguridad pública.

La Junta deberá decidir ahora si insiste en una nueva propuesta, si abre una negociación de mayor alcance o si relega la reforma a la siguiente legislatura. Pero lo ocurrido en este Pleno demuestra que la política forestal de la Comunidad no puede seguir atrapada entre vetos cruzados, dudas técnicas y pulsos partidistas.

Porque, al final, lo que está en juego no es una victoria parlamentaria, sino la seguridad de los montes, la protección del medio natural y la credibilidad de un modelo de gestión que Castilla y León lleva demasiados años intentando modernizar.