Las últimas propuestas del PP en política de inmigración pasan por endurecer el acceso de las personas extranjeras a la nacionalidad española al exigir un nivel de español superior al que se pide ahora y unos exámenes de conocimientos generales sobre España más duros.

Actualmente existen varias formas de conseguir la nacionalidad española, algunas muy excepcionales como las que otorga el Gobierno de forma discrecional por carta de naturaleza a figuras reconocidas en diversos ámbitos, como el cultural o el científico.

Pero la gran mayoría se otorgan por residencia. Según datos del Observatorio Permanente de la Inmigración del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, España concedió 221.805 en 2024, una cifra un 8,9 por ciento inferior a la de 2023 pero que confirma una tendencia al alza, con altos y bajos, desde las 25.924 de 2017.

La mayoría de estas concesiones (136.210) corresponde a nacionales de países iberoamericanos, mientras que 32.572 se otorgaron a nacidos en España después de un año de residencia; 29.169 a migrantes de otros países tras 10 años viviendo en España y 20.185 a extranjeros casados con un español.

Por países, los que más obtuvieron este vínculo jurídico con España fueron los venezolanos (33.021), seguidos de los marroquíes (29.033) y los colombianos (27.946). De los quince países con más concesiones, todos son latinoamericanos a excepción de Marruecos, en segundo lugar, y Rumanía, en el número doce.

Buena conducta, integración y un tiempo viviendo en España

De acuerdo al artículo 22 del Código Civil, la adquisición de la nacionalidad española por residencia exige tres requisitos básicos: buena conducta cívica, para lo que se exige un certificado de antecedentes penales; suficiente grado de integración en la sociedad española y haber residido en el país de forma legal y continuada un plazo de tiempo estipulado.

El periodo de residencia exigido es de un año en el caso de las personas nacidas en España, las que estén casadas con un español, los hijos y nietos de españoles de origen o los viudos de un español si no ha habido separación legal o de hecho.

Las personas de un país iberoamericano, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal y sefardíes tendrán que acreditar un tiempo de dos años; las personas a las que se les haya reconocido el estatus de refugiado en España, cinco años, y el resto de nacionalidades, diez.

De la Constitución a las chirigotas de Cádiz

Desde 2015, el requisito de la integración se acredita mediante la superación de dos pruebas: un examen para demostrar un nivel A2 de español o superior para quienes esta no sea su lengua materna y una segunda que valora el conocimiento de la Constitución y de la realidad social y cultural españolas, ambas gestionadas por el Instituto Cervantes.

La prueba de conocimientos consta de 25 preguntas tipo test, con tres opciones de respuesta, acerca de temas como legislación, geografía, cultura y sociedad, de las que hay que acertar al menos quince.

¿Cómo se aprobó la Constitución?, ¿Cuántas firmas, como mínimo, deben recoger los ciudadanos para poder presentar una proposición de ley?, ¿En qué ciudad hay un acueducto romano que es Patrimonio de la Humanidad?, ¿De qué celebración son típicas las chirigotas de Cádiz?, ¿Cuál es el teléfono único para cualquier emergencia?... son algunas de las preguntas que componen este examen.

En mayo del año pasado se superó la barrera del millón de personas que han realizado esta prueba desde su creación, que es aprobada por entre el 95 y el 96 por ciento de los examinados, según datos del Instituto Cervantes.