La pedanía malagueña de Villafranco del Guadalhorce acaba de cambiar su denominación y pasará a llamarse oficialmente Villa del Guadalhorce, pero en España sigue habiendo otros seis pueblos de nombre franquista, tres de ellos en Castilla y León, que todavía no han dado este paso y continúan incumpliendo la ley de memoria democrática.

Estos seis pueblos son Llanos del Caudillo (Ciudad Real), Alberche del Caudillo (Toledo), Villafranco del Guadiana (Badajoz), Alcocero de Mola (Burgos), Quintanilla de Onésimo (Valladolid) y San Leonardo de Yagüe (Soria).

Todos ellos mantienen denominaciones relacionadas directamente con el dictador Francisco Franco o hacen alusión a políticos y militares claves entre los años previos a la guerra civil y el franquismo, como el general Mola, el general Yagüe y Onésimo Redondo, fundador de las JONS, recoge EFE. 

Lo denuncia el abogado Eduardo Ranz, experto en memoria democrática, que en declaraciones a EFE lamenta que ninguno de estos pueblos haya sido sancionado aún por incumplir la ley sobre esta materia, aprobada en 2022.

"La gran asignatura pendiente del Gobierno es la retirada de simbología franquista. La ley de memoria establece plazos y sanciones. Si no existiera la ley, tendríamos que inventarla. Pero existe, así que apliquémosla y cumplámosla", ha pedido.

Ranz ha presentado más de 50 instancias y ha actuado judicialmente contra más de cien ayuntamientos por incumplir esta ley al mantener simbología o denominaciones franquistas, pero insiste en que no ha habido avances y urge al Gobierno a tomar cartas en el asunto.

La ley prevé sanciones de hasta 10.000 euros

En concreto, la ley señala que serán considerados elementos contrarios a la memoria democrática las referencias realizadas en topónimos, en el callejero o en las denominaciones de centros públicos a dirigentes y participantes de la sublevación militar, de la dictadura o de las organizaciones que la sustentaron.

Y añade que deberán ser las propias administraciones públicas las que adopten las medidas oportunas para retirar dichos elementos.

En el caso de incumplimiento, prevé la posibilidad de imponer hasta diez multas sucesivas por períodos de un mes y con una cuantía de entre 200 y 1.000 euros, por lo que podría llegarse a los 10.000 euros de sanción.

Por el momento, no ha habido ninguna multa y sigue pendiente la elaboración por parte del Estado de un catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática, contemplado en la propia ley.

Fuentes de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática explican a EFE que el catálogo está pendiente de pasar por el Consejo de Estado para ser aprobado definitivamente en el Consejo de Ministros y constituirse la comisión que analizará, en adelante, las propuestas de elementos contrarios a la memoria democrática.

Será entonces cuando la Secretaría requerirá formalmente a los ayuntamientos que eliminen los nombres franquistas, un cambio que, recuerdas las fuentes, deberían activar de oficio sin esperar a la aprobación del catálogo, como han hecho otros municipios.

Falta de voluntad de los pueblos

El pleno del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, a quien pertenece la pedanía de Villafranco del Guadalhorce, aprobó el 1 de agosto por mayoría absoluta el cambio de denominación.

Era uno de los compromisos del gobierno municipal, del que forman parte los partidos 100% Alhaurín, PSOE e IU. Pero en las otras seis localidades con nombres franquistas no hay, por el momento, ninguna perspectiva de cambio, en la mayoría de casos por falta de voluntad, al no considerarlo un tema prioritario.

La única excepción es el pueblo de Alberche del Caudillo, dependiente del Ayuntamiento de Calera y Chozas, que llegó a iniciar los trámites para el cambio de nombre antes de las elecciones municipales de 2023, pero lo paralizó a la espera de que estuviera listo el catálogo estatal de elementos contrarios a la memoria.