El curso político echa el cierre en España entre balances, reproches y una creciente sensación de descrédito institucional. Como ya es habitual, los dos grandes partidos han ofrecido versiones antagónicas de lo ocurrido durante el año: el Gobierno presume de estabilidad y reformas, mientras que el principal partido de la oposición denuncia parálisis, opacidad y deterioro democrático. Pero más allá de los relatos, lo que queda es una ciudadanía perpleja ante una cadena de escándalos sin resolver y una vida política cada vez más desconectada del día a día de los españoles, también de los castellanos y leoneses.

La permanencia en prisión de Santos Cerdán, hasta hace poco uno de los principales negociadores del PSOE con los partidos independentistas, ha sido un golpe inesperado y de gran calado. Aunque el partido intenta circunscribir su situación a lo personal y desvincularla de las negociaciones con Junts o de la estrategia general del Gobierno, lo cierto es que el episodio ahonda en la percepción de una política marcada por la impunidad y el doble rasero. La aparición de nuevos audios del llamado caso Koldo, que salpican no sólo a ex altos cargos del Ministerio de Transportes sino también a una red de intermediarios y contratistas en plena pandemia, refuerza esta imagen de descomposición.

Por si fuera poco, la imputación del Fiscal General del Estado por presunta revelación de secretos —un hecho insólito en democracia— deja en entredicho la neutralidad del sistema judicial y debilita aún más la confianza pública en las instituciones. Que quien debe velar por el cumplimiento de la ley esté ahora bajo sospecha evidencia una crisis profunda, que no puede despacharse con comunicados de prensa ni acusaciones cruzadas entre partidos.

En Castilla y León, esta sensación de hartazgo no es ajena. La Comunidad ha vivido también su propia dosis de confrontación política, con un gobierno ya en solitario del PP que ha optado por una estrategia de tensión permanente con el Ejecutivo central. Sin embargo, lo que preocupa al ciudadano medio sigue siendo lo mismo: la sanidad rural, la despoblación, la falta de oportunidades laborales y los servicios públicos que se degradan poco a poco. Y ahí, ni las batallas culturales ni los escándalos nacionales ayudan.

Los balances de final de curso deberían ser una oportunidad para el análisis sereno, para la autocrítica y para trazar objetivos comunes que mejoren la vida de la gente. Pero en lugar de eso, la política española —y por desgracia también la autonómica— se ha convertido en una sucesión de titulares, procesos judiciales y relatos que se anulan entre sí. La desconexión entre la política y la sociedad es ya un hecho. Y eso, más que cualquier imputación, es lo verdaderamente alarmante.