Asociaciones de altos funcionarios han manifestado su rechazo al nuevo sistema de acceso a una plaza pública anunciado ayer por el Gobierno, con un plan que se quiere imponer "sin ningún tipo de consenso" y bajo la falsa idea de "modernizar" y "democratizar" el acceso a la función pública.

Así se desprende de un comunicado remitido este martes por la plataforma de Cuerpos superiores de la Administración pública española, compuesta por las asociaciones de funcionarios de la Administración General del Estado y asociaciones de jueces y fiscales.

La plataforma ha mostrado su preocupación ante la intención del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública de establecer un nuevo modelo de oposiciones para altos funcionarios que requerirá superar un curso de posgrado de dos años, tras el que sólo los mejores expedientes lograrán una plaza pública, resume EFE.

Así sería en el caso del acceso a los cuerpos A1 y A2, ya que en primer lugar se cursaría el posgrado, con una prueba previa de acceso y un examen al finalizar, que una vez superado, los mejores expedientes lograrían una plaza.

La plataforma de altos funcionarios lamenta que el Gobierno "pretende sustituir los actuales procesos selectivos, exigentes e imparciales, por procesos a la carta que pondrán en peligro la preparación del funcionario y que entrañan una injerencia política inadmisible y sin precedentes en nuestra democracia".

Además, critican que se quiera aplicar a todos los cuerpos, cuando muchos de ellos "no tienen ningún problema de cantera de aspirantes", y que no se tiene en cuenta a los actuales opositores, "que están preparando, con un enorme esfuerzo personal y económico, una dura oposición y que verán truncadas sus aspiraciones".

Como la preparación no podrá garantizarse, el servicio tampoco podrá prestarse en las mismas condiciones que hasta este momento, apunta la plataforma, "por lo que nuestros ciudadanos serán los primeros afectados".

A su juicio, "los procesos selectivos vigentes en nuestra administración garantizan el acceso en condiciones de mérito, capacidad e igualdad, en especial de género, que ahora, para sorpresa de los funcionarios, se habla de garantizar ex novo con este nuevo proceso".

Frente al rechazo de los cuerpos superiores, la asociación de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) considera que la propuesta del Gobierno es una "solución inevitable" para modificar un sistema de oposiciones "anticuado" que constituye una "gincana memorística" por la que pocas personas jóvenes recién graduadas están dispuestas a pasar. 

El sindicato CSIF, aunque valora la intención de mejorar la captación y retención del talento, critican que este plan no haya sido negociado con los sindicatos y que abra la puerta a un doble proceso selectivo.

El sindicato cree que, según el plan apenas esbozado por el ministerio, supone que los candidatos deberán superar primero una oposición y, posteriormente, un curso con carácter eliminatorio, lo que desincentivará el acceso a la función pública y alargará los plazos. Además, CSIF se pregunta en qué centros y con qué financiación se impartirán los cursos y qué evaluación se llevará a cabo para que no se vea comprometida la objetividad e imparcialidad.