La Guardia Civil descubrió el pasado martes un intento de ocultación de pruebas durante el registro al domicilio del exministro José Luis Ábalos en Valencia. Una mujer que se encontraba con él en la vivienda trató de salir con un disco duro oculto en el pantalón, pero fue interceptada por una agente antes de abandonar el inmueble.

Según el acta de intervención fue el propio Ábalos quien pidió a la mujer, identificada como Anaís D.G., que saliese a pasear al perro y que, de paso, se llevase "algo de desayuno".

En ese momento, un agente de la Unidad Central Operativa (UCO) observó que la mujer portaba un objeto escondido en la ropa: se trataba de un disco duro, que fue inmediatamente requisado tras un cacheo.

El dispositivo era uno de los 34 soportes electrónicos incautados en el registro del pasado 10 de junio, entre los que se encuentran dos teléfonos móviles, discos duros externos, memorias USB y SD, así como tarjetas SIM. Además, los agentes se llevaron cinco libretas y "un conjunto documental".

La operación incluyó también el registro de un bajo propiedad de Ábalos, de donde se extrajeron cuatro discos duros adicionales.

Ese mismo día, por orden del juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, se practicaron registros en las sedes de varias constructoras en Granada, Valencia, Vizcaya y Navarra, además de en los domicilios de varios empresarios implicados.

El magistrado también ordenó requerir documentación a Acciona Construcción, que entregó digitalmente cinco expedientes vinculados a adjudicaciones de obra pública. Los agentes organizaron esta información en carpetas digitales.

Todos estos registros se apoyan en un informe de la UCO difundido la semana pasada, que sitúa al exnúmero tres del PSOE, Santos Cerdán, como la persona que "se encargaba de gestionar el monto y los pagos" de deudas presuntamente generadas por adjudicaciones fraudulentas. Según ese informe, los pagos implicarían a Acciona, al exministro Ábalos y a su exasesor Koldo García, ya investigado por corrupción.