La organización profesional agraria UPA ha reclamado a la Junta que obligue a la empresa AB Azucarera a devolver "todas las ayudas públicas autonómicas" recibidas en los últimos años, tras el anuncio de la compañía del cierre de la planta de La Bañeza, la reducción de la actividad en Miranda de Ebro, pasando a ser de solo refinado, y la concentración de la molturación en la fábrica de Toro, lo que supondrá, según los sindicatos, la pérdida de 193 puestos de trabajo.

Para UPA, esta es la confirmación de la "tomadura de pelo" y el "engaño sistemático" que, según denuncia la opa en un comunicado remitido a Ical, "ha caracterizado a los dirigentes de esta empresa".

"Primero fue romper la perfecta sintonía entre sector productor e industrial, haciendo desaparecer el Acuerdo Marco Interprofesional en un sector clave como la remolacha, que estaba perfectamente organizado", lamentó UPA, que también recordó que "después, la empresa no ha hecho otra cosa más que engañar y engatusar a los cultivadores sobre su apuesta de futuro, con promesas incumplidas, bajando precios a su antojo e incluso pagando por debajo de costes".

Según denuncia la organización profesional agraria, "paralelamente a estas maniobras", Azucarera ha conseguido, "sibilinamente, sacar todo el dinero posible a las administraciones, especialmente a la Junta de Castilla y León, utilizando a los remolacheros y amparándose en la engañifa de que su única intención era apostar por este cultivo en la región". 

"Azucarera lleva demostrando desde hace años que no era trigo limpio en sus intenciones y que no le ha interesado para nada el cultivo de la remolacha en Castilla y León", apuntó a continuación UPA, que califica de "maniobra perfecta" de la compañía el hecho de "enriquecerse a costa de las cuotas del azúcar y del refinado del producto procedente de otras partes del mundo para dejar en la estacada a los productores de Castilla y León".

Por todo ello, UPA exige a la Junta que "de momento, negocie con los responsables de esta decisión para que les obligue a compensar a los remolacheros que tengan que trasladar la raíz a la fábrica de Toro", pero va más allá al reclamar al Gobierno autonómico que "analice con los equipos jurídicos la imposición de que la empresa de origen británico devuelva los fondos y ayudas públicas recibidas procedentes de los bolsillos de todos y cada uno de los castellanos y leoneses". 

Finalmente, la organización profesional agraria mantiene su apuesta por el cultivo de la remolacha en la región y valora el trabajo que está desarrollando la cooperativa ACOR, "que con todos los problemas que el azúcar está teniendo, e incluso con decisiones que pueden gustar más o menos, siguen demostrando que trabajan por mantener la remolacha e incluso crecer alrededor de este cultivo emblema, en otros tiempos, de Castilla y León".