El ex secretario de Estado de Interior Francisco Martínez, que ostentó el cargo durante el Gobierno del PP de Mariano Rajoy, fue detenido este martes junto al hacker José Luis Huertas, conocido como 'Alcasec', por presuntos delitos de organización criminal, blanqueo y revelación de secretos, entre otros.

Según adelantaba 'El Independiente', y confirmaba EFE en fuentes jurídicas, en la operación coordinada por la juez de la Audiencia Nacional María Tardón, fueron detenidas también otras dos personas, entre ellas el 'youtuber' Álvaro Martín, arrestado en Andorra, por lo que será necesario pedir su extradición.

De acuerdo con las fuentes consultadas, los detenidos se dedicaban presuntamente a la "exfiltración" de datos de entidades públicas y privadas con los que luego comercializaban y blanqueaban los beneficios. Los delitos por los que se les investigan son los de organización criminal, blanqueo de capitales, descubrimiento y revelación de secretos, allanamiento o intrusismo en un sistema informático y apoderamiento y cesión de datos reservados.

Fuentes de la defensa de Martínez indicaron a EFE que el exnúmero 2 de Interior fue abogado de 'Alcasec' cuando este era menor de edad y le ayudó a constituir dos sociedades.

La investigación, en manos de la Comisaría General de Información de la Policía, se centraría en el presunto uso por parte de 'Alcasec' de esas dos sociedades para meter el dinero de las ganancias obtenidas a través de operaciones de hackeo y blanquearlo.

Desde la defensa de Martínez sostienen que su papel se limitó a la constitución de esas dos sociedades, pero que no las administró, ni las gestionó, ni llevó su contabilidad, y que lo único que hizo fue facturar a 'Alcasec' 1.500 euros por constituir esas sociedades. "Esa es la única factura que ha encontrado la policía", afirman.

'Alcasec' tiene también pendiente un juicio en la Audiencia Nacional por el ataque a la web del Punto Neutro Judicial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), del que extrajo los datos bancarios de más de medio millón de contribuyentes.

La Fiscalía pide para él tres años de cárcel tras haber decidido colaborar con la Justicia y facilitar contraseñas de los dispositivos en los que guardaba su cartera de bitcoins, Trust Wallet y el pin de la misma.

Gracias a ello, y tras pasar casi mes y medio en prisión preventiva, entre marzo y mayo de 2023, logró quedar en libertad provisional.