La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha avanzado este jueves que su departamento acatará la norma que será convalidada previsiblemente en el Congreso sobre el reparto de menores extranjeros no acompañados procedentes de Canarias, aunque a la vez lo recurrirá ante el Tribunal Constitucional.

En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, preguntada por esa convalidación, Blanco ha calificado de norma "injusta, impuesta" y sin negociación por parte del Gobierno central, al que ha acusado de acomodar sus acuerdos con partidos separatistas, publica EFE. 

Son 309 los menores no acompañados llegados a Canarias que corresponderían a Castilla y León, que ha esgrimido que tiene una sobreocupación de plazas para esos niños, con 180 de las 130 cubiertas. 

Blanco ha insistido en que Castilla y León "acatará el decreto si se aprueba", pero esta "preparando el recurso para presentarlo ante el Constitucional", por entender que no ha sido una ley negociada, que sólo busca satisfacer "a los socios separatistas" del Gobierno, y que además "invade competencias de las comunidades".

"Mercadear con los menores, los niños y niñas que están en Canarias, no es aceptable", ha sostenido la vicepresidenta de la Junta, en declaraciones recogidas por Ical. 

Blanco ha planteado que la política migratoria es una política de estado, pero sin imposiciones; que debe hacerse desde el diálogo y la colaboración con las comunidades; con medidas como el control de fronteras, la implicación de la UE, o medidas en el origen.