El clima político en España es absolutamente irrespirable. Los partidos, de todos los signos y tendencias, han convertido las instituciones públicas en un coliseo al que saltan las fieras para soltar sus perlas dialécticas con ataques irrespetuosos que ponen en entredicho el valor de la confianza que los votantes han depositado en determinados representantes. Arranca hoy una semana de Pasión que puede poner un paréntesis a una situación absolutamente vergonzante.

Cuesta creer que este el máximo nivel que tenemos en nuestra clase política. Cuesta entender que los escaños están ocupados por bufanderos exaltados que solo responden al argumentario partidista de la formación que les sujeta. Cuesta creer que el resultado de las urnas es un coro de voces alineadas con el único objetivo de pasar factura a su adversario sin una mínima autocrítica.

Del caso Koldo al caso Ayuso, pasando por Begoña Díez y Air Europa, todo ello a gritos en el Congreso o Senado, metiendo en el mismo paquete a la mujer de Feijóo para que todo el revuelto tenga un aroma impregnado del más absoluto rechazo en la calle. Los ciudadanos no merecen este espectáculo permanente de una clase política sin decoro.

La corrupción se ha instalado de nuevo en nuestra democracia. Esto es una evidencia que se traslada hasta el fútbol, como espejo de la sociedad, donde la voracidad por enriquecerse con actuaciones más que dudosas pone patas arriba los cimientos de la Federación deportiva más importante del deporte español. A partir de ahí, qué podemos esperar si avistamos en los partidos políticos tendencias sospechosas en todo lo que tocan, por supuesto que para nada generalizado, pero con la suficiente gravedad como para exigir instrumentos de control que garanticen una gestión eficaz de los fondos en todos sus estamentos. No basta con resumir que se trata de casos aislados, que lo serán, pero con una continuidad en el tiempo que pone en entredicho la calidad de los controles que se puedan aplicar, tanto para saber cómo se gestiona o gasta el dinero y quién está detrás de determinadas operaciones que no pueden tener cabida en el sistema democrático de nuestro país.

La corrupción es un mal endémico que se ha mezclado ahora con el tráfico político de intereses enfocados a salvaguardar determinadas posiciones. Está en marcha una Ley de Amnistía que, lejos de ser impecable, se encuentra en su camino con determinados argumentos que ponen en entredicho su viabilidad y su legalidad.

España está en un proceso electoral permanente. Primero porque un Gobierno débil como el actual no tiene más alternativas que someterse a los imperativos que le marcan sus socios. Y como la mayoría de estos son independentistas, el resultado es el peligro que corre la democracia española y el sentido de un país que se desangra porque hay territorios que quieren desmarcarse por completo del resto, no solo con la lengua, sino también con la gestión de los tributos que rompe algo más que el principio de solidaridad: rompe la idea de una Nación fuerte, cada vez más desgajada en pedazos autonómicos. El turno electoral que llega ahora parece una aventura incierta. País Vasco, Cataluña, Europa y rumores sobre un adelanto de las generales que, con mayor o menor fundamento, añaden una inestabilidad insoportable en medio de una jaula de grillos en la que todos gritan acusándose mutuamente de corruptos pero sin ningún ejercicio humilde de reconocer sus propios errores.