El director general de Telecomunicación y Administración Digital de la Junta de Castilla y León, Antonio Ibáñez, ha presentado este lunes en Valladolid, el bono digital que permitirá acceder a conexiones de alta velocidad a personas o unidades familiares consideradas en situación de vulnerabilidad.

Más en concreto esta convocatoria, cuyo plazo de presentación de solicitudes comenzará en los próximos días, está dirigida a los perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) o el Ingreso Mínimo Vital (IMV) con el objetivo de lograr que este colectivo se dote de conexiones de banda ancha fija en sus domicilios, o mejore la velocidad de las mismas, con un mínimo de 30 Megabits por segundo (Mbps).

Para llevar a cabo esta iniciativa, financiada con Fondos Europeos NEXT Generation, se cuenta con un presupuesto total de 790.000 euros, que se repartirán en bonos de 240 euros anuales por beneficiario para reducir en 20 euros al mes el coste total del servicio, IVA incluido, que deberá ser prestado, obligatoriamente, por aquellas operadoras que se han inscrito en el registro de colaboradoras hasta el pasado 14 de junio y que son O₂ y Lowi.

Los que sean finalmente beneficiarios de este bono social tendrán un mes, a contar desde la fecha de notificación de la resolución positiva, que deberá llegarles antes de que se cumplan los seis meses de su presentación, para contratar el servicio o mejorar las prestaciones del existente y mantenerlo como mínimo durante un año.

Las solicitudes, a las que se podrá acceder a través de la sede electrónica de la Administración Autonómica, tendrán como fecha límite de presentación, hasta el próximo 15 de septiembre y deberán ir acompañadas del certificado de ser perceptor de la RGC o el IMV, el de empadronamiento y una copia del DNI o el NIE, siempre que no se desee que la Junta lo compruebe de forma automática.