Miles de funcionarios se han manifestado este sábado en Madrid, convocados por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), "por una subida salarial justa, contra el empobrecimiento social y el deterioro de los servicios públicos".

El sindicato ha anunciado que a la manifestación han acudido más de 70.000 personas, mientras que la Delegación del Gobierno en Madrid ha realizado una estimación provisional de entre 15.000 y 17.000 personas. A esta protesta, convocada para las 12.00 horas, estaban convocados trabajadores de toda España, tanto del sector público como del ámbito privado, recoge E. Press.

El presidente de CSIF, Miguel Borra, ha afirmado que "el Gobierno está siendo ingrato con las trabajadoras y trabajadores de este país, tanto del sector público como del sector privado", y que la multitudinaria manifestación "es la primera evidencia de que está perdiendo el apoyo de la calle".

Además, ha añadido que el Gobierno ha pasado de considerar a los empleados públicos como héroes durante la pandemia a "tratarles de manera ingrata y ningunearles".

Peticiones

Pese a que esta misma semana el Ministerio de Hacienda ha convocado a los sindicatos para iniciar el próximo miércoles la negociación de los sueldos en las administraciones públicas en el marco de los próximos Presupuestos Generales del Estado, CSIF decidió continuar con la movilización ante la situación económica actual y la falta de eficacia de las medidas del Gobierno.

En concreto, CSIF exige al Gobierno una actualización de los salarios públicos en 2022, con carácter retroactivo, para recuperar el poder adquisitivo perdido este año en línea con la medida adoptada por Francia el pasado julio.

Además, reclaman un acuerdo de subida salarial plurianual que permita avanzar en la recuperación del poder de compra de los empleados públicos que se ha visto mermado desde 2010 y plantean al Gobierno abordar un debate transparente y objetivo sobre el futuro de las pensiones.

También piden la puesta en marcha de medidas económicas eficaces que ayuden a los trabajadores a combatir la "desmesurada" subida del precio de la cesta de la compra, de la luz y de la energía, e instan al Ejecutivo a garantizar unos servicios públicos de calidad aportando tanto los recursos materiales como humanos necesarios.