La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León condena a un año y cuatro meses de cárcel por un delito de malversación y otro de exacciones ilegales a un funcionario de la Oficina de Expedición del DNI de la Comisaría Provincial de Segovia que se apropió de 1.100 euros de las tasas que cobraba en metálico a los ciudadanos que acudían a renovar el documento. Se estima parcialmente el recurso ya que la Audiencia Provincial, en base a un veredicto de culpabilidad de un jurado popular, le condenó a cuatro años y seis meses de cárcel.

La Sala considera que los hechos, ocurridos durante enero a julio de 2019, no son constitutivos de falsedad y le absuelve de este delito. El TSJ de Castilla y León mantiene la multa e inhabilitación para empleo público por malversación y exacciones ilegales.

Se le condena únicamente por el delito de malversación, con independencia de la condena por el delito de exacciones ilegales que se mantiene, y se suprime la circunstancia atenuante de reparación del daño apreciada en la sentencia recurrida.

Las penas que se imponen al acusado por el delito de malversación de caudales públicos, serán las de prisión de un año y cuatro meses, con inhabilitación especial para cargo o empleo público y derecho de sufragio pasivo por el mismo tiempo, y multa de seis meses, con una cuota diaria de 10 Euros, con responsabilidad personal subsidiaria para caso de impago de dicha multa de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas.