El diario Levante amanecía ayer con el titular 'Sanidad deriva pacientes ya ingresados a la privada para descongestionar los hospitales por la gripe'. Quizás podríamos pensar que es una situación atípica donde se hace el uso legítimo de la sanidad privada para finalidad pública, contemplado en la ley como un recurso. Sin embargo, solo hace falta revisar la hemeroteca para saber que esta situación en la Comunidad Valenciana no es algo nuevo ni de urgencia.

Hace menos de un mes se destapó el escándalo de Ribera Salud en la gestión privada del hospital público de Torrejón de Ardoz, en la Comunidad de Madrid. Un conglomerado de decisiones internas que rechazaba a los pacientes de alto coste derivándoles a hospitales de gestión pública, a la par que engordaban las listas de pacientes de bajo coste, consiguiendo un remanente económico para la empresa. Y no, este beneficio no repercutía en los empleados, se trata de un centro con ratios muy altos y salarios precarios. Y esto es algo que ya se destapó con las concesiones al Grupo Quirón.

Madrid, Andalucía, Cataluña y Baleares son las Comunidades con mayor privatización de servicios sanitarios, de una u otra forma. Desde la gestión de hospitales públicos en su totalidad, hasta externalización de procesos, aproximadamente el 25% de la salud está externalizada a empresas de amigos de los políticos gestores.

La web The Conversation (un medio de comunicación independiente donde escriben profesores de universidad), tiene un artículo del economista Manuel Recio que trata el tema de la privatización desde la cara de la eficiencia. Hay que recordar que eficiencia es el término de prestar el mejor servicio al mejor precio y, justamente es lo que nunca se valora en las externalizaciones.

Recio relata cómo el modelo Alzira (modelo de concesión a una empresa privada conocido por ser el Hospital de Alzira el pionero) no cuenta toda la verdad. Los datos que se han reportado para concesionar hablan de hasta un 25% de ahorro para el contribuyente. Sin embargo, no se justifica realmente de dónde surge ese ahorro y, por ende, se intuye que no es un dato certero al no ser auditable. Una vez evaluado a nivel económico,  se destapan los datos reales.

Para empezar, el ánimo de lucro hace que los salarios sean más bajos, la jornada laboral más alta y el ratio de pacientes es más alto. Es decir, el primer truco es mantener condiciones precarias y de mayor riesgo para el paciente a base de sobrecarga asistencial. Por lo tanto, no se mantiene el concepto de eficiencia porque no se da "mejor servicio". Esto es algo que ya se publicó por The Lancet Public Health en 2024.

Recio habla también de la comparación de costes seleccionando pacientes y sin contar el riesgo. O lo que viene a ser lo mismo que se ha destapado en el Hospital de Torrejón. Si no se trata al mismo tipo de pacientes, no se pueden comparar modelos. Así, lo que se ha demostrado es que en igualdad de condiciones, el servicio público ha demostrado tener, al menos, el mismo coste con mejores resultados para los usuarios.

La controversia y el apoyo poblacional suele venir porque los pacientes solamente ven que el privado es una especie de hotel donde se tratan las enfermedades más comunes, sin evaluar ninguna situación más. Por otro lado, cuando la situación se tuerce, el paciente se deriva a un centro público, sin entender que la decisión no es por su bien, sino porque todo lo que tenga un coste se desahucia.

La privatización solo ha traído costes en beneficio de altos cargos, gestiones negligentes y situaciones de alta controversia. Es importante que exista un sistema privado para quien quiera pagarlo pueda hacer uso. Sin embargo, se deben revertir las concesiones y mantener el servicio público con su calidad, las cuentas salen y la salud, más.