Los drones de Hacienda rastrearán mil municipios este año en busca de construcciones ilegales

Hacienda

Los cinco años de inspección sacaron tres millones de construcciones sin declarar, desde piscinas a chalets.

Hacienda va a redoblar su lucha contra el fraude por tierra, mar y aire este 2019. Para ello, ya tiene lista una nueva oleda de inspecciones para detectar fraudes al catastro por inmubles o propiedades no declaradas. Con este sistema, sacó a la luz 300.000 construcciones ilegales en más de 2.000 municipios de Castilla y León entre 2013 y 2018 y tres millones en toda España. Cada bien detectado tiene una tasa de regularización de 60 euros, lo que eleva los ingresos por encima de los 16 millones de euros sólo con esta tasa: a ello hay que sumar el efecto para el IBI al aflorar propiedades no declaradas y que pagan la contribución. Un pastel muy apetitoso, motivo por el cual el nuevo Gobierno va a seguir adelante con el plan del anterior ministro de Hacienda.

 

El programa ha dado buenos resultados y, según la Agencia Tributaria, en 2019 vigilará mil municipios en 2019 mediante fotos por satélite, empleados del Catastro y drones para encontrar construcciones no declaradas: desde piscinas ilegales, ampliaciones de inmuebles, garajes, terrazas o jardines. 

 

En Castilla y León, el índice de irregularidades es del 2,5% de todas las propiedades inspeccionadas en 2.248 municipios. Se regularizaron más de 308.000 inmuebles, de los cuales 38.000 eran rústicos. Según datos de Hacienda, las provincias con un mayor número de inmuebles regularizados ha sido León con diferencia, con 58.026, seguida por Salamanca, 37.312, y Zamora, 37.269. Asimismo, en Ávila han salido a la luz 31.064 inmuebles irregulares; en Burgos 30.012; en Valladolid 22.925; en Soria, 16.398; y en Palencia, 16.349.

 

El cobro de la tasa regularización ha permitido recadar 3,48 millones de euros en León; 2,2 millones de euros en Zamora y Salamanca; 1,8 millones de euros en Ávila y Burgos; 1,3 millones en Valladolid; más de un millón en Segovia, y cerca del millón de euros en Palencia y Soria. La provincia en la que hubo más quejas por estas regularizaciones fue Salamanca, con 645 hasta finales de 2018.