El PSOE sostiene que el proyecto de ley del sector ferroviario pone en peligro los puestos de trabajo
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El PSOE sostiene que el proyecto de ley del sector ferroviario pone en peligro los puestos de trabajo

Juan Luis Gordo

El Grupo Socialista presenta 80 enmiendas para mejorar el proyecto de ley.

El PSOE sostiene que el proyecto de ley del sector ferroviario no da respuesta a los retos del sector, es inconsistente y genera inseguridad jurídica. El Grupo Socialista ha presentado un total de 80 enmiendas para mejorar el proyecto de ley, que ha defendido el portavoz socialista en la Comisión de Fomento, Juan Luis Gordo, hoy en la reunión de este órgano.

 

Juan Luis Gordo afirma que el texto “no contribuye a garantizar la sostenibilidad del sector ferroviario, pese a que la directiva europea RECAST establece normas claras al respecto para el saneamiento financiero; ni su planificación, ya que concibe la infraestructuras como un fin en sí mismo y no hay referencia a la necesidad de estudios de demanda; ni financiación, puesto que las tarifas de cánones vigentes son insuficientes para cubrir los costes y garantizar la sostenibilidad económica en el tiempo, y elude la RECAST que determina que estos cánones serán equivalentes a los costes”.

 

El portavoz socialista califica de “ocurrencia” el planteamiento de “administradores de infraestructuras privados, a los que no se exige requisito alguno, no soportan el análisis más elemental, ni funcional, ni económico”.

 

“Este proyecto de ley pone en peligro el empleo en el sector público ferroviario, tanto en Renfe Operadora como en Adif”, apuntó Juan Luis Gordo, quien añadió que “satisface los intereses del PP, no a la necesaria consistencia de la norma que se está tramitando para dar respuesta a los intereses de un sector estratégico en nuestro país y garantizar la seguridad jurídica”.

 

Entre las principales enmiendas socialistas al proyecto de ley, se encuentra contar con “un único administrador general de infraestructuras ferroviarias, en lugar de administradores generales de infraestructuras ferroviarias, para evitar la pérdida de sinergias entre la Alta Velocidad y el ferrocarril convencional, mejorar la eficiencia en la gestión e impedir un modelo dual: uno con proyectos e inversiones y cuya sostenibilidad se garantiza por ley y otro carente de inversiones, sometido con suerte a Obligaciones de Servicio Público (OSP), bajo amenaza de cierre y que creará una dualidad de ciudadanos”.

 

También plantea “mantener la unidad de mercado en todo el territorio español, algo que no recoge el texto como un fin; esta unidad de mercado supone, por lo menos, según manifiesta el Tribunal Constitucional, la libertad de circulación sin traba por todo el territorio nacional de bienes, capitales, servicios y mano de obra y la igualdad de condiciones básicas de ejercicio de la actividad económica”.

 

“Es prioritario, además, garantizar la sostenibilidad del sistema ferroviario; es uno de los elementos centrales de la directiva RECAST”, explica Juan Luis Gordo.

 

Mientras, “el proyecto de ley no establece como fines la Administración ferroviaria del Estado y su régimen jurídico; se omite toda referencia a la Administración General del Estado, buscando que no se institucionalice la Administración ferroviaria del Estado, lo que permitiría su privatización parcial o total. Esta omisión ha sido apreciada por el Consejo de Estado”, señaló.

 

“Es necesario también incorporar entre los fines de la ley, como se hace en la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre, una visión intermodal del transporte y la contribución del ferrocarril a esta finalidad”, indica

 

Asimismo, el PSOE insta a “trasladar al Gobierno –no al Ministerio de Fomento- la competencia para incorporar nuevas infraestructuras en la Red Ferroviaria de Interés General (REFIG), exigiendo el acuerdo previo de aquellas administraciones que tienen también atribuidas constitucionalmente competencias en materia de transporte”.

 

En otra de las enmiendas, el Grupo Parlamentario Socialista aboga por establecer la obligatoriedad de un estudio de viabilidad económica como paso previo para planificar una nueva infraestructura, de forma que no pueda redactarse un estudio informativo que no cuente con un estudio de viabilidad económica favorable.

 

Además, en las enmiendas socialistas “se persigue aumentar la transparencia siguiendo el principio de ‘open data’ estableciendo que los estudios informativos sean públicos y gratuitos para los ciudadanos a través de la red”, concluye Juan Luis Gordo.